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Morena y PT mantienen su oposición a que el PAN presida la Cámara de Diputados
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de julio de 2025, p. 5

La resistencia de algunos sectores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) a que el Partido Acción Nacional (PAN) encabece la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de la actual Legislatura tiene antecedentes en otros momentos en los que legisladores de la oposición generaron controversia al ocupar dicho cargo, desde el cual se opusieron a decisiones de gobiernos morenistas.

Como ha documentado este diario, ciertos grupos dentro del PT y Morena han objetado que una legisladora panista asuma la presidencia de la mesa directiva, especialmente aquellas que han sido abiertamente críticas del actual gobierno, como Kenia López Rabadán –actual vicepresidenta de la Cámara– o Paulina Rubio Fernández.

Sin embargo, negarle esta posibilidad al PAN contraviene el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General, que establece que la presidencia de la mesa directiva debe rotar en el segundo y tercer años de cada legislatura entre los dos grupos parlamentarios con mayor número de curules que no la hayan ejercido. En este caso, correspondería al PAN o al Partido Verde.

Al respecto, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, subrayó que la ley es la ley y afirmó que su partido cuenta con perfiles idóneos para asumir la presidencia de la mesa directiva. Adelantó además que probablemente se proponga a una mujer para dicho cargo.

La reticencia de los partidos mayoritarios a ceder la presidencia de la Cámara a la oposición se enmarca en antecedentes en los que esta posición parlamentaria fue utilizada como plataforma para impugnar a figuras o proyectos emblemáticos de la llamada Cuarta Transformación.

Uno de los casos más notorios ocurrió en junio de 2020, cuando la panista Laura Angélica Rojas, entonces presidenta de la mesa directiva, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su recurso cuestionaba la validez del acuerdo presidencial que mantenía a las fuerzas armadas como parte de la estrategia de seguridad pública, y fue tramitado sin consultar a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios.