A dos semanas de que comenzó el programa piloto para garantizar seguridad social a repartidores y conductores de empresas por aplicación digital, Uber aumentó sus tarifas 7 por ciento, lo que de inmediato fue condenado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Señaló que se trata de una medida unilateral e irresponsable que el gobierno no va a tolerar.

Así, la dependencia federal anunció que, en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, desplegará operativos a nivel nacional para sancionar cualquier medida tarifaria irregular o injustificada que perjudique a los usuarios.

También señaló que el argumento de esa empresa respecto a que aumento tarifario responde a costos asociados con la reforma laboral carece de sustento alguno.

El incremento no sólo incumple los compromisos asumidos por las compañías en las mesas de diálogo –en las cuales participó Uber–, sino que resulta especialmente preocupante, al no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social, enfatizó Trabajo y Previsión Social .

El gobierno de México, comprometido con la justicia social y laboral, no tolerará prácticas empresariales que trasladan injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas, subrayó.

Usuarios, los paganos

En una comunicación interna que ayer notificó a sus conductores, Uber argumentó que el ajuste de costos es una realidad que no podemos ignorar mientras se adaptan las operaciones.

La medida, agrega, estaría orientada a proteger las ganancias actuales de los conductores y serán los usuarios quienes tendrán que pagar el incremento en cada traslado.

A través de su aplicación, Uber reiteró a sus trabajadores que se aplicarán los incrementos para que la reforma no afecte sus ingresos. Este incremento que pagará el usuario estará destinado, en su totalidad, a cubrir los costos de la nueva reforma laboral y será implementado con el fin de no impactar tus ganancias actuales, indicó.

La reforma que busca garantizar el acceso a la seguridad social a los repartidores y conductores por aplicación entró en vigor el 22 de junio y el plan piloto, que será la base para afinar diversos criterios operativos, el pasado 1 de julio.

El gobierno dio a conocer recientemente que Didi no ha cumplido con la inscripción de sus trabajadores al Seguro Social.