l Congreso de Estados Unidos aprobó ayer una versión modificada de la gran y hermosa ley impulsada por el presidente Donald Trump, un paquete de medidas cuyos temas centrales son el recorte de impuestos, la introducción de restricciones que en la práctica dejarán sin seguro médico a casi 12 millones de personas y la asignación de recursos virtualmente ilimitados a la guerra del mandatario contra los migrantes que le resultan no gratos, incluidos aquellos en situación regular.

La nueva legislación, aprobada a marchas forzadas para que Trump la use como pieza propagandística en las celebraciones del 4 de julio, provocará una caída dramática en la calidad y la esperanza de vida de los ciudadanos de ingresos medios y bajos. La mayoría de los estadunidenses deberá afrontar pagos en concepto de medicina privada, alimentación, mitigación ambiental y educación por sumas muy superiores a las que ahorrará con los recortes fiscales. El costo no sólo es humano, sino social: la pérdida de horas productivas debido a enfermedades curables repercute en toda la economía, las muertes prematuras reducen la mano de obra y la base consumidora, las personas con obesidad, diabetes y otros males que resultan de la ignorancia y la dificultad de acceder a una alimentación saludable cuestan miles de millones a la economía. Los costos prohibitivos de la educación superior privan a las empresas de los empleados capaces de impulsar la innovación y liderar las transiciones tecnológicas. Los desastres ambientales ocasionados por el cambio climático y el libertinaje de las industrias contaminantes reducen la disponibilidad de aguas y suelos para la agricultura y otras actividades productivas.

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el proyecto fiscal liberará todo el potencial de la economía estadunidense y mejorará la vida de personas en todos los niveles de ingresos. Sin embargo, todos los datos desmienten la idea de que reducir impuestos libera el potencial de la economía. Por el contrario, en su medio siglo de vida las políticas neoliberales han tenido como saldo un crecimiento del PIB muy por debajo del alcanzado en la posguerra con altos gravámenes a la riqueza y políticas de bienestar que hoy se denuncian como radicales o comunistas. Lo que es peor, además de crecer menos, la riqueza se reparte peor: en 1982, sólo había 13 estadunidenses con fortunas superiores a los mil millones de dólares, pero en 2024 ya había 15 individuos de ese país que acaparan más de 100 mil millones de dólares cada uno.

La cifra es tan absurda que resulta casi imposible de asimilar para el ciudadano común, pero un dato que puede ayudar a dimensionarla es que una persona con ingresos anuales de 100 mil dólares (casi dos millones de pesos, considerado el piso para pertenecer a la clase media en grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles) necesitaría un millón de años para ganar esa cantidad, 20 mil vidas laborales de 50 años.

Sólo de 2023 a 2024, el número de estadunidenses que amasan más de mil millones de dólares pasó de 751 a 835, no por una bonanza generalizada, sino por el fenómeno que constituye el corazón mismo del neoliberalismo: la transferencia de riqueza de la base a la punta de la pirámide social. Desde 1978, los salarios de los directores ejecutivos (CEO) se han disparado mil 89 por ciento, mientras los salarios de los empleados medios apenas han subido 24 por ciento, una diferencia de 45 veces en el ritmo de los incrementos. En el primero de esos años, la brecha entre el sueldo de los CEO y el trabajador medio de sus respectivas empresas oscilaba entre 15 y 23 veces, pero en la actualidad la diferencia se mueve en un promedio de 330 veces, con picos de hasta 10 mil veces.

Uno de los ejemplos más escandalosos es el de Brian Niccol, director de Starbucks, quien gana en cada hora (incluyendo las que pasa dormido, de fin de semana y vacaciones) 10 mil 958 dólares, 608 veces más que los 18 dólares pagados por la compañía a sus baristas. No es casualidad que este proceso de concentración del capital coincida con los recortes de impuestos a los ricos iniciados por el ex presidente Ronald Reagan y mantenidos o profundizados por todos sus sucesores, sin distingo partidista.

Dado que los recortes en rubros como salud, educación, ayudas alimentarias y medio ambiente no compensan ni de lejos los aumentos presupuestales al establecimiento de un Estado policiaco y al gasto militar, la hermosa ley se traducirá de manera inevitable en un incremento del déficit público de al menos 3 millones de millones de dólares durante la próxima década. Es un equívoco creer que el problema atañe nada más a Estados Unidos. El crecimiento desbocado del déficit público, así como el previsible aumento en la deuda de los hogares por el desmantelamiento de programas sociales, amenazan con desembocar en una crisis global de una profundidad y duración potencialmente mayores a todo lo visto hasta ahora. No debe olvidarse que, en tanto poseedor de la moneda de reserva mundial y del control sobre el sistema financiero de casi todo el planeta, Washington tiene, y usa, la capacidad de externalizar el costo de su deuda al resto del mundo.