Organizaciones civiles y redes de México y Estados Unidos, convocadas desde el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, demandaron el cese a los ataques contra las comunidades migrantes en territorio estadunidense, el freno a la venta de armas y justicia para las víctimas de la violencia armada.

No es posible, condenaron, que el gobierno de Estados Unidos use los recursos públicos para atacar, detener y encarcelar de forma violenta e ilegal a migrantes trabajadores y a estudiantes, profesores, organizaciones, universidades y profesionistas que se oponen a la violencia en su país, al genocidio perpetrado en Gaza y al absurdo de una guerra con Irán.

En la explanada del Monumento a la Revolución, una delegación de sobrevivientes de la violencia armada en EU expresó su solidaridad con el pueblo mexicano y con las acciones del gobierno en contra de los fabricantes de armas de ese país.

En una conferencia que se realizó simultáneamente en diversos estados de México y Estados Unidos, John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, destacó que hay más de 400 millones de armas en manos de civiles estadunidenses.

En los estados fronterizos, dijo, hay más de 7 mil armerías donde se puede fácilmente comprar un cuerno de chivo, un AR15 o un rifle calibre 50.

En entrevista, dijo que han propuesto al gobierno de México tener una oficina o entidad que coordine a las diferentes dependencias encargadas de atender el problema del flujo de armas.

Por su parte, Kimberly Mata-Rubio, madre de Lexi, quien fue asesinada en Uvalde, Texas, en 2022, recordó que su hija y otros compañeros de colegio fueron ultimados por un joven de apenas 18 años de edad. Entró a la escuela con un AR15 y la mató.

El Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia urgió a los gobiernos de ambos países a crear un mecanismo binacional para transparentar y controlar la venta y el tráfico de armas en la región, así como para la desmilitarización responsable e impulsar el diálogo regional en política de drogas.

También pidió conformar un organismo binacional, con participación de sociedad civil, para el monitoreo de derechos humanos e impulsar una reforma migratoria y laboral en Estados Unidos.