l lunes pasado la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México conmemoró el centenario de su primera directora, la maestra Ifigenia Martínez, destacada universitaria y más que respetada funcionaria pública, legisladora y política recientemente fallecida. Lo hizo de la mejor manera posible, al anunciar la creación del premio que lleva su nombre, con el que se busca impulsar la investigación, la reflexión y la conversación ilustrada en torno a temas que a Ifigenia Martínez le fueron importantes y que nunca han sido ajenos a nuestra facultad, como la distribución del ingreso, la cuestión fiscal y el desarrollo. Estas cuestiones que, siendo fundamentales, siguen sin recibir mayor consideración, como si la forma de superar estos y otros problemas fuera posponiéndolos o ignorándolos.

Muchos creímos que los gobiernos emanados de la democracia entenderían estas tareas como desafíos a su propio desempeño y convocarían a un empeño colectivo, amplio y plural, con el fin de redefinir las pautas de nuestro crecimiento económico. No ocurrió tal.

A pesar de las varias alternancias habidas en el Ejecutivo, no se han trazado senderos para, por lo menos, iniciar unas misiones que entrañan visiones y compromisos de Estado de largo plazo, tampoco dispositivos para capear los embates de una coyuntura global turbulenta e incierta. Este largo plazo implica formas flexibles y resistentes de gobernanza, pero sobre todo la existencia y legitimidad de permanentes mecanismos deliberativos que den sustento y credibilidad a un gran acuerdo nacional, que asuma nuestras prioridades como nación.

Pacto dentro del cual, de una u otra forma, debería tener especial relevancia la cuestión distributiva, y la justicia social ser eje y horizonte de un vasto emprendimiento.

Para salir de un cortoplacismo necio, que impide ver más allá de la cotidianidad y soslaya la gravedad y profundidad de unas estructuras dañadas por el mal y díscolo crecimiento, hay que atender tanto el mal empleo y la desigual concentración de ingresos y riqueza, así como los reclamos de planeación y programación de inversiones y, desde luego, los grandes temas del reordenamiento regional y la nefasta reproducción ampliada del gran desequilibrio norte-sur.

De derecha o izquierda, los gobiernos se han unificado por su aversión a las reformas, en primer término la hacendaria. La necedad viene de lejos. En los años 60 Antonio Ortiz Mena, entonces secretario de Hacienda, le solicitó al gran economista Nicholas Kaldor la elaboración de un estudio sobre la cuestión fiscal, en el que participaron, entre otros, Víctor L. Urquidi e Ifigenia Martínez. El informe entregado argumentaba por la “necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema impositivo de México por dos razones fundamentales.

“La primera es que los ingresos corrientes provenientes de los impuestos son inadecuados para las necesidades de una comunidad dinámica, con un rápido crecimiento de población y necesidad de desarrollo acelerado… (que) obliga a indebidas economías, precisamente en los campos de gasto público (tales como salubridad y educación), que son indispensables (…) También se traduce en persistentes déficits presupuestales…

“La segunda razón (…) es, en parte, política (…), la creciente desigualdad económica (…), junto con el carácter regresivo del sistema impositivo actual, amenaza con minar el edificio social”, aseguraba el informe ( Obras escogidas de Víctor L. Urquidi. El fracaso de la reforma fiscal de 1961, selección y ensayo introductorio de Luis Aboites Aguilar y Mónica Unda Gutiérrez, México, El Colegio de México, 2011).

Requerimos mejorar y hasta transformar las finanzas públicas, recuperar la inversión pública, crecer y crear empleos; atender y mejorar el enfermo sistema de salud pública, dar paso a un Estado social que impulse el desarrollo. Superar nuestro estancamiento desigual, adoptar visiones renovadas que, libres del cerrojo de lo medroso, puedan ir definiendo productiva, democráticamente, el contenido de nuestro desarrollo nacional.

Habrá que seguir insistiendo; sin embargo, no dejan de llamar la atención las disonancias profundas, por así calificarles, entre el discurso transformador, revolucionario dirían algunos, del que presumen los dirigentes del Estado en el gobierno y en el Congreso, y la querencia conservadora, cuando no regresiva, de la gestión de las finanzas públicas. Incongruencia mayor más allá del profundo intercambio discursivo de las togas.

Celebro la condecoración del doctor José Sarukhán en el grado de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa Quijote de la Naturaleza