a misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) asignada a observar la elección judicial del domingo pasado emitió un informe preliminar en el cual expresa su preocupación por el modelo de elección de cargos judiciales por voto popular, considerándolo no recomendable para otros países de la región y sugiriendo que podría debilitar la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial (PJ). El documento de 37 cuartillas sostiene que las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo; postura indistinguible de la del bloque derechista del PJ que intentó descarrilar primero la reforma constitucional y después el proceso electoral con el impresentable argumento de que las consideraciones técnicas se encuentran por encima de la soberanía popular.

Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rechazaron el injerencismo del organismo multilateral. A través de su Misión Permanente ante la OEA, la cancillería calificó el informe preliminar de los observadores como una extralimitación de su mandato y una acción contraria a los principios fundamentales de la Carta de la Organización, que establecen claramente el derecho de cada Estado a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social. La mandataria sugirió a la OEA que se guarde sus recomendaciones y evite opinar respecto a la forma en cómo, en apego a la soberanía, el pueblo de México eligió a quienes serán integrantes del Poder Judicial y recalcó que son los propios estatutos de la instancia los que le prohíben opinar sobre la soberanía de los pueblos y naciones del continente.

Los comentarios improcedentes en el informe de la misión de la OEA muestran que, a una semana del relevo en su Secretaría General, el organismo sigue bajo la infausta sombra de su ex dirigente Luis Almagro, uno de los personajes más nocivos en la historia latinoamericana reciente. No puede olvidarse que durante el prolongado y aciago mandato del uruguayo la OEA volvió a sus peores tiempos como correa de transmisión de la voluntad de Washington y se convirtió en un ariete contra las democracias progresistas, así como en justificadora e incluso organizadora de los golpes de Estado perpetrados por la derecha del subcontinente, con Bolivia y Venezuela como sus principales víctimas. Esta OEA, de la que espera un papel constructivo como mediador en las relaciones entre sus miembros, se encuentra en estos momentos incapacitada para tal función debido a su alineamiento con la causa reaccionaria, y su golpeteo contra México la aleja de toda perspectiva de fincar la credibilidad y la imparcialidad que requiere para recuperar su relevancia perdida.

Por último, si el organismo se siente impelido a opinar acerca de las condiciones de la democracia en el hemisferio, podría comenzar asomándose a las ventanas de su sede en Washington, significativamente ubicada a sólo 180 metros de la Casa Blanca. Allí, sus funcionarios verán cómo un Estado pasa de ser una democracia fallida a un autoritarismo que rápidamente se desliza al fascismo, con un titular del Ejecutivo declarado inmune por cualquier crimen que cometa mientras se encuentre en el cargo por una Suprema Corte cuyos jueces fueron nombrados a dedo por el mismo mandatario. Verán un sistema electoral en el que un solo individuo puede donar el equivalente a 5 mil millones de pesos a una campaña presidencial; un sistema de justicia donde el presidente indulta a un evasor fiscal multimillonario después de recibir un donativo de un millón de dólares en una cena de recaudación; una situación de los derechos humanos en la que apoyar la inclusión y la diversidad conllevan la pérdida de todo financiamiento federal; una libertad de expresión tan deteriorada que los dueños de los medios de comunicación censuran todos sus contenidos a cambio de que el mandatario les permita emprender fusiones corporativas.