or primera vez en la historia de México ayer se realizaron elecciones generales para conformar un nuevo Poder Judicial, no a partir de negociaciones y acuerdos en las cúpulas institucionales, sino con base en la voluntad popular. Se consumó de esa forma el llamado plan C, el conjunto de reformas constitucionales aprobadas en los últimos días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cuales, junto con la candidatura presidencial de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, fueron una bandera principal del oficialismo en los comicios del 2 de junio del año pasado.
El argumento central de la Cuarta Transformación para pedir al electorado que le concediera la mayoría calificada necesaria para reformar la Carta Magna fue la necesidad de dejar atrás una judicatura frívola, dispendiosa, distante de la sociedad, próxima a los poderes fácticos –empezando por el poder del dinero– y propicia a la corrupción y a la connivencia con estamentos delictivos. A la postre, el plan C logró salir adelante tras arduas batallas legales, movilizaciones de la burocracia judicial, cuestionadas negociaciones legislativas y una virtual insurrección de la mayoría de ministros que ha controlado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 2 de enero de 2023, cuando Norma Piña Hernández llegó a la presidencia de ese organismo.
Con esos antecedentes, la elección judicial celebrada ayer enfrentó la enorme dificultad que entraña el poner en juego casi 2 mil 700 cargos de todos los niveles, desde las y los ministros de la SCJN hasta juezas y jueces distritales federales y estatales, de entre una infinidad de aspirantes, y por medio de una decena de boletas, con la emisión de varios sufragios en cada una de ellas. Para los poderes Ejecutivo y Legislativo, además del propio Judicial, la selección de aspirantes significó un arduo trabajo –no siempre con resultados impecables–, para el Instituto Nacional Electoral (INE) el diseño y la organización de unos comicios como el de ayer representó un esfuerzo mayúsculo.
En tanto, para la ciudadanía estas circunstancias obligaban a un extraordinario ejercicio de búsqueda de información, reflexión y debate a fin de configurar sus listados de opciones, llamados acordeones
y sujetos de sospechas no necesariamente fundadas sobre el riesgo de que fuesen utilizados como instrumentos de inducción del sufragio.
A pesar de todas estas dificultades, la elección se llevó a cabo con saldo blanco, un número bajísimo de denuncias por presuntas irregularidades y una participación escasa, como era de prever, habida cuenta que los partidos políticos, mecanismos tradicionales de movilización del voto, hubieron de mantenerse al margen del proceso.
En principio, los comicios son un ensanchamiento fundamental e histórico de la democracia, entendida como la conformación de los poderes públicos a partir de la voluntad popular. Como proceso sin precedente, cabía esperar de ellos fallas y complicaciones, pero también, y por sobre todo, aprendizaje cívico. Por añadidura, la nación se sacudirá en breve de la descompuesta casta tribunalicia que controlaba el Poder Judicial, un saldo a todas luces positivo. Es previsible, finalmente, que la inminente transición en esa rama del Estado se realice con los menores conflictos posibles y que beneficie a quienes durante décadas han visto el ámbito de juezas y jueces como un estamento ajeno, oscuro, inalcanzable y, con frecuencia, contrario a los legítimos intereses de las personas justiciables.
