La Fiscalía General de Perú solicitó al Congreso que reconsidere el archivo de una denuncia por corrupción contra la presidenta de facto Dina Boluarte para que sea juzgada al término de su mandato en 2026 por el uso de relojes de lujo donados por un gobernador, quien supuestamente habría sido beneficiado con varias leyes en su favor. La denuncia fue archivada el viernes con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, los dos aliados del gobierno en el Congreso. En Perú, los presidentes cuentan con inmunidad hasta cinco años después de que culminan su mandato. Pero si la fiscalía efectúa una denuncia ante el Congreso, éste puede autorizar que esa autoridad, apenas deje la presidencia, pueda ser juzgada por la Corte Suprema. La Constitución indica que un mandatario sólo puede ser acusado durante su gobierno por traición a la patria, disolver el Congreso, impedir las elecciones o por frenar el funcionamiento del Tribunal Electoral.