A 18 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, familiares señalaron que continuarán exigiendo a las autoridades su presentación con vida, con el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como a aquellos que han permitido esta grave violación a los derechos humanos. Seguiremos denunciando y exigiendo la sanción correspondiente para aquellos funcionarios públicos que, hasta el día de hoy, están garantizando la impunidad de los responsables.

En conferencia de prensa realizada en la Glorieta de los Desaparecidos, Margarita Cruz Sánchez declaró que el caso de sus familiares se suma a los 230 luchadores sociales o activistas que, por su labor de defensa de los derechos humanos, han sido víctimas de desaparición forzada desde 2006. Indicó que 64 de estos casos se han registrado en el contexto del gobierno de la 4T.

La desaparición forzada es un crimen de Estado, de carácter continuo e imprescriptible. Por lo tanto, es obligación y responsabilidad de este gobierno realizar todo lo necesario para dar con el paradero de nuestros familiares y enjuiciar y castigar a los responsables.

Recordó que han pasado 18 años desde la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, hecho que está plenamente documentado. Añadió que, después de años de lucha, de derechos humanos y movilizaciones, obtuvieron la sentencia de amparo en revisión 51/2020, el 10 de agosto de 2022, la cual estableció importantes criterios jurídicos en materia de búsqueda, investigación y medidas de reparación. Criterios que deberán ser considerados por los impartidores de justicia para investigar los casos de desaparición forzada.

Durante todos estos años de lucha en la exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares, se ha demostrado la respuesta sistemática del Estado al negar la existencia de estos crímenes. A pesar de contar con documentación y evidencias que demuestran lo contrario, hemos visto pasar tres gobiernos que se dicen distintos: PAN, PRI y ahora Morena, y en los hechos, ninguno ha garantizado la impartición de justicia, ni mucho menos la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos. Los casos siguen impunes y continúan cometiéndose.

Acompañada por representantes de organizaciones no gubernamentales, apuntó que en el caso de sus familiares se llegó hasta la Suprema Corte gracias a la persistencia y exigencia que han mantenido durante años, lo que permitió obtener por primera vez una sentencia que establece la búsqueda sin previo aviso en instalaciones militares, la creación de grupos interinstitucionales de búsqueda, una medida adecuada para garantizar el derecho a ser buscado, y medidas de reparación integral, entre otras.

Agregaron que entre los actos que la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a realizar está el ejercicio de la acción penal en contra de más de 10 servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, relacionados con el caso y que, en más de 18 años, no han sido investigados. También, la declaración de testigos clave que aún no han sido llamados a rendir testimonio.