La sentencia dictada por un tribunal civil en Estados Unidos contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, servirá para fortalecer las investigaciones y procesos penales que tiene pendientes la Fiscalía General de la República (FGR), aunque los casos en territorio nacional son de carácter penal, indicaron fuentes del gabinete de seguridad.

Asimismo, señalaron que aún puede ser apelada la sentencia dictada por el tribunal civil del condado de Miami-Dade, por lo que el gobierno de México debe esperar para hacer valer esas decisiones judiciales en territorio nacional.

Las fuentes consultadas refirieron que por lo que conocen del expediente en el que se dictó sentencia en Estados Unidos, y que se inició por demanda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ex secretario de seguridad y su cónyuge fueron condenados por actuar con rebeldía y no responder a la querella, y no aportar testigos ni pruebas de descargo.

Sin embargo, en el juicio civil en Estados Unidos, la defensa de García Luna y Cristina Pereyra puede impugnar la resolución dictada.

La FGR tiene pendientes de cumplimentar contra el secretario de Seguridad de Felipe Calderón tres órdenes de aprehensión, una de ellas relacionada con la llamada operación Rápido y furioso, con la cual se autorizó que el gobierno de Estados Unidos entregara más de 2 mil armas de fuego a integrantes del crimen organizado que operan en México. Las armas presuntamente contaban con mecanismos para su rastreo, y la pretensión era identificar a los traficantes de esos artefactos y detener a miembros de cárteles de las drogas.

El segundo mandamiento judicial contra quien fue titular de Seguridad Pública entre 2006 y 2012 se relaciona con un daño patrimonial por más de 64 mil 900 millones de pesos que estaban destinados a la construcción y operación de penales federales que fueron edificados por empresas privadas, bajo un esquema que no beneficiaba al gobierno mexicano.

La tercera orden de detención vigente la obtuvo la FGR por la entrega ilegal de 10 contratos, mediante los que presuntamente se adquiriría equipo de vigilancia y se daría mantenimiento a prisiones federales, pero que generaron un presunto desvío de recursos por 5 mil 112 millones de pesos. En este caso también se libró orden de captura contra otras 50 personas, incluida Cristina Pereyra, a quienes se acusa de los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.