La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este mes un segundo caso relevante de feminicidio.

La Primera Sala programó para el próximo miércoles votar el amparo promovido por los padres de Sandra Camacho Aguilar, joven de 17 años que fue violada, asesinada y descuartizada en junio de 2013 en el departamento de su agresor, Javier Méndez Ovalle, en Tlatelolco, Ciudad de México.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá iba a ser votado en enero pasado, pero, sin darse a conocer la causa, quedó en lista, es decir, pendiente. En respuesta, en los últimos meses, los padres de la víctima –Nieves Aguilar y Juan Camacho– presionaron con manifestaciones y visitas a la SCJN para exigir la resolución.

La propuesta de sentencia de la Corte es ordenar a un tribunal emitir una nueva sentencia, considerando agravantes que podrían aumentar la pena de 50 a 60 años.

Al resultar violatoria de derechos fundamentales la sentencia reclamada, ante la falta de fundamentación y motivación en los aspectos analizados en esta ejecutoria, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, señala.

Con ello, la autoridad correspondiente deberá anular la sentencia impuesta al agresor y emitir una nueva que valore correctamente las pruebas que demuestran la agresión sexual y la relación de confianza entre el criminal y la víctima, menor de edad.

Además, deberá fijarse una nueva pena, establecer la reparación integral del daño y dar vista a las autoridades de protección infantil para evitar la difusión de información de la joven.

La semana pasada, la misma sala emitió un fallo histórico al reconocer como víctimas indirectas a los padres de Fátima Quintana, niña de 12 años violada y asesinada en 2015, en el estado de México.

En la sentencia, la SCJN ordenó a un tribunal colegiado reconocer a los padres como víctimas indirectas y, en consecuencia, fijar un nuevo monto por reparación integral sin topes económicos, considerando las afectaciones materiales e inmateriales derivadas de la comisión del delito.