Cajeme, Son., En represalia por exigir transparencia en el manejo de recursos públicos y la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el líder tradicional César Cota Tórtola y Manuel de Jesús Moroyoqui Ramírez fueron sacados de una asamblea, golpeados y amenazados de muerte por sujetos armados en Loma de Guamúchil.

La noche del viernes, mientras un grupo de unos 40 integrantes de la comunidad discutía asuntos internos, relacionados con la rendición de cuentas por parte de sus autoridades tradicionales, dos hombres encapuchados, vestidos con ropa tipo militar, irrumpieron en el recinto de la Guardia Tradicional a donde arribaron en una camioneta blanca sin placas y exigieron hablar con Cota Tórtola y con Moroyoqui Ramírez.

Ambos narraron que los sacaron del lugar, los golpearon con ametralladoras y los patearon cerca del recinto en una zona oscura: querían saber quiénes éramos y por qué queríamos hacer cambios. Nosotros sólo pedimos que se nos rinda cuentas, que haya claridad en los proyectos que se dicen terminados y que no están funcionando. Ahora hasta amenazados de muerte estamos, pero no nos vamos a callar.

César Cota Tórtola denunció que desde el Domingo de Pascua (20 de abril) no han tenido contacto con sus representantes tradicionales, quienes se han ausentado de la guardia sin ofrecer explicaciones a la comunidad.

Ante esta situación, solicitaron el cambio de autoridades como el gobernador, Urbano Jusacamea, y los representantes Emilio Ochoa, Juan Luis Mates y Sergio Estrella Álvarez.

También exigieron transparencia pero no dan la cara. Se habla de millones invertidos en viviendas, en el acueducto, pero (los proyectos) siguen incompletos o sin funcionar, y ya van seis años.

La agresión profundizó la tensión dentro en esta comunidad del sur de Sonora, donde se acusa a los representantes tradicionales de actuar con opacidad y de intentar controlar directamente la asignación de nuevos recursos del gobierno federal, presuntamente destinados a través de comités bajo su tutela directa.

Quieren manejar todo el dinero, y eso está mal. El gobierno debe escuchar también a la tropa, a la gente que sufre, reclamó el líder yaqui.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, impulsado desde 2020 por el gobierno federal, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, contempla obras de infraestructura, vivienda, salud y la restitución de tierras y derechos históricos, incluido el acceso al agua.

Sin embargo, diversos sectores de la etnia han manifestado dudas y desconfianza sobre su ejecución y los mecanismos de seguimiento.

Ante estos acontecimientos, la administración del estado informó que mantiene comunicación permanente con la Guardia Tradicional y los liderazgos de la Nación Yaqui; reiteró su respeto a la autonomía indígena y su disposición de acompañar, sin intervenir, los procesos internos que fortalezcan la cohesión social.

En un comunicado, el gobierno de Sonora, encabezado por el morenista Alfonso Durazo, reconoció la disposición de las autoridades tradicionales para encauzar las diferencias mediante el diálogo y los mecanismos propios de organización comunitaria.

Reafirmó su compromiso de seguir trabajando con los ocho pueblos yaquis en un marco de respeto mutuo y colaboración, en reconocimiento a su papel histórico en el desarrollo de la entidad.