En los pasados ochos años, ha ido en aumento el total de recursos de inversión pública del gobierno que se utilizan con el modelo de asociaciones público-privadas (APP), y aunque la mayor parte se destinan a rubros como transporte y energía, también podrían utilizarse para financiar obras de carácter social.

Un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica que se podría abatir el rezago en las obras públicas relacionadas con educación, salud, agua o medio ambiente si las autoridades diseñan una política que facilite la participación privada en dichos ámbitos, que tienen menor rentabilidad directa, pero mayor impacto público.

De acuerdo con el estudio, el presupuesto canalizado a las APP se ha incrementado como proporción del gasto de inversión pública aprobada anual, al pasar de 0.04 por ciento de dicho rubro en 2017 a 1.13 por ciento en 2025. Es decir, la inversión en APP se ha elevado 22.3 por ciento real desde su etiquetado en el ciclo presupuestario.

En ese periodo de ocho años, se han destinado 8 mil 673 millones de pesos en promedio a las APP del gobierno federal, en las cuales se crea un mecanismo de colaboración entre el sector público y el privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos.

El presupuesto aprobado en 2025 para las APP fue de 11 mil 372 millones, de los cuales 77 por ciento están destinados a la rehabilitación de carreteras en 10 estados y el resto a la operación del nuevo hospital general en la Delegación Regional Sur del Issste en la Ciudad de México.

Según el análisis del CIEP, el transporte concentra el mayor número de proyectos, con 234, seguido del sector de hidrocarburos, con 109, y de electricidad, con 80. En contraste, áreas como agua y medio ambiente, telecomunicaciones, infraestructura social, inmobiliario y turismo registran participación menor, con 32 proyectos en total.

Por lo anterior, el informe concluyó que las APP pueden representar una herramienta para ampliar la capacidad de inversión del Estado en escenarios de restricción fiscal, siempre y cuando formen parte de una política pública que mitigue riesgos financieros y brinde esquemas de asistencia técnica que permitan la participación privada en sectores con mayor impacto social, y no sólo en ámbitos de energía y transporte.