fano, Ernesto Zedillo, nuevo prócer de la democracia (Krauze-Aguilar Camín dixit) y patriota por decreto de la derecha, decretó: las decisiones de mi gobierno han sido ampliamente revisadas y hasta elogiadas en diversos foros, entre ellas el rescate del Fobaproa, que, según él, fue profusamente revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado y hasta elogiado por otros, amén de ser internacionalmente auditado y no se encontró nada malo, aunque esa idílica versión, como tantas otras relativas a su paso por Los Pinos, resulta ciento por ciento falsa.

Tal vez su referencia se debe a la intervención, a petición del Legislativo, no del Ejecutivo, del auditor canadiense Michel W. Mackey quien no pudo hacer su trabajo dada la rigurosa negativa, por instrucciones del propio Zedillo, de su secretario de Hacienda (Guillermo Ortiz) y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Eduardo Fernández) de entregar la información requerida.

De cualquier suerte, lo que el canadiense sí alcanzó a detectar, aunque no en su exacta dimensión, fue el cúmulo de créditos ilegales que los neobanqueros generosamente se auto-otorgaron –personales y a sus empresas–, que sumaron 74 mil millones de pesos (cerca de 12 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio en el momento en el que se concedieron y, ya con devaluación, alrededor de 9 mil millones de billetes verdes cuando Mackey hizo la revisión en 1998-1999), todos ellos trasladados, sin más, a la panza del Fobaproa. Y, de la mano de Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la nombrada a dedo por el propio prócer de la democracia) prohibió que alguien metiera la mano en la contabilidad del rescate bancario.

Quien sí hizo su chamba, con todas las limitaciones del caso, fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF: Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004), de cuyos resultados ayer la presidenta Sheinbaum destacó algunos elementos, no sin antes subrayar que el Fobaproa operó sin reglas, fue absolutamente discrecional y hubo una enorme corrupción.

Sobre el contenido de tal informe, la mandataria detalló: tanto la Ley de Instituciones de Créditos como el contrato constitutivo y sus modificaciones del Fobaproa contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo.

Algo más: “el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas, ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones (…) se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados, ni confirmados. La evaluación realizada por el auditor (Mackey) no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”.

Además, “cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la ASF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados (los autopréstamos) en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría… Por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados, sin embargo, el proceso de decisión, en lo general, careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas”.

Pero dice Zedillo que el Fobaproa fue “profusamente revisado, estudiado y hasta elogiado por otros… y no se encontró nada malo”.

Las rebanadas del pastel

Una más del apestoso Poder Judicial: entre 2024 y lo que va de 2025, más de 100 delincuentes (crimen organizado y delitos de alto impacto) regresaron a las calles por decisión de distintos jue$$$es, quienes lejos de proteger a la sociedad han favorecido a quienes la agreden (Omar García Harfuch).

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