a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer las aseveraciones de The Wall Street Journal en el sentido de que su homólogo Donald Trump ofreció el envío de tropas a nuestro país para ayudar en el combate a los grupos del crimen organizado. De acuerdo con la mandataria, la oferta se dio en el transcurso de una llamada telefónica y fue rechazada de manera tajante por ella, quien recordó a su par que podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio porque el territorio y la soberanía mexicanos son inviolables y no están en venta.

La difusión del intercambio verbal entre la Casa Blanca y Palacio Nacional se da en un contexto en el que el político republicano redobla su apuesta por militarizar el manejo del narcotráfico y transferir a las naciones de origen o tránsito de las drogas toda la responsabilidad por la espeluznante crisis que enfrenta su país en materias de salud pública, mental, desmoronamiento social y farmacodependencia –tanto de sustancias ilícitas como de medicamentos prescritos por la comunidad médica–. En este escenario, los intentos de colocar a las fuerzas armadas estadunidenses en México son la continuación obvia de la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, así como de la retórica que busca confundir el trasiego de estupefacientes y la migración irregular para hacerlos pasar como una misma problemática de invasión contra Estados Unidos por parte de criminales extranjeros.

En esta dinámica de simplificar y tergiversar problemas complejos a fin de plantearlos en términos fascistas de amenazas a la seguridad nacional e incluso contra la existencia de su país, la administración de Trump presentó una propuesta de presupuesto que recorta 163 mil millones de dólares (más de tres millones de millones de pesos) a educación, salud y bienestar social, mientras solicita 375 mil millones de dólares adicionales (7.3 millones de millones de pesos, 80 por ciento de todo el presupuesto del gobierno federal mexicano en 2025) para reforzar al aparato de guerra, llenar de soldados la frontera con México y potenciar su campaña de deportaciones. La prevención y el tratamiento de las adicciones no sólo no recibirán un centavo adicional, sino que los raquíticos programas existentes serán prácticamente desmantelados por los recortes a los servicios de salud.

Las autoridades y la sociedad mexicanas deben oponerse con firmeza a toda pretensión de trasladar a nuestro país el obcecamiento del magnate en tratar la crisis de consumo de drogas con acciones hollywoodenses que se han mostrado totalmente inefectivas en el medio siglo transcurrido desde que su antecesor, Richard Nixon, convirtió las drogas en un pretexto para intervenir en América Latina y para criminalizar a sectores de la sociedad estadunidense críticos con su gobierno y con las desigualdades estructurales, que son la verdadera amenaza contra las grandes mayorías en la nación más rica del planeta. Es preciso recordar que los despliegues militares de Estados Unidos para combatir al crimen organizado jamás han reducido el tráfico de estupefacientes, pero sí han disparado la violencia y han propiciado violaciones masivas a los derechos humanos. El caso más claro es el de Afganistán, donde Washington no sólo mandó tropas, sino que mantuvo un régimen colonial por dos décadas: lejos de disminuir, la producción y la exportación de heroína alcanzaron niveles sin precedentes bajo la supervisión del ejército estadunidense.

En resumen, la envenenada oferta de coadyuvar en la lucha contra los cárteles con el envío de soldados debe ser rechazada ahora y siempre porque es una afrenta a la soberanía, porque es una amenaza a la seguridad y la vida de los mexicanos y porque está comprobado que no tiene ninguna eficacia. Cabe congratularse de que la presidenta Sheinbaum así lo entienda y se lo haya hecho saber a Trump, quien puede dilapidar los recursos de su país mientras la ciudadanía se lo permita, pero habrá de entender que México no es terreno para su belicismo efectista.