n lo que va de la presente temporada de secas, los incendios forestales han afectado ya 93 mil 258 hectáreas en 24 estados del país, de acuerdo con datos reportados ayer por la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El pasado fin de semana se registraban 31 siniestros activos en Chiapas, 29 en Guerrero, 22 en Chihuahua, 19 en Jalisco, 15 en Michoacán y 15 en Oaxaca. En esta última entidad, pobladores desesperados por la insuficiencia de la respuesta gubernamental a las conflagraciones bloquearon al menos dos carreteras y retuvieron a funcionarios locales en demanda de acciones más eficaces para apagar el fuego.
Los incendios forestales se encuentran entre los desastres más perniciosos, por cuanto no sólo tienen un impacto devastador para entornos ecológicos enteros con su flora y su fauna, sino que también agravan la contaminación atmosférica, afectan tierras de cultivo y ganadería, amenazan los asentamientos humanos y provocan deforestación, la que a su vez acelera el calentamiento global y las sequías; por añadidura, las protestas afloran más temprano que tarde entre los sectores afectados por las conflagraciones, lo que provoca desasosiego social y, a la postre, ingobernabilidad. Se conforma, así, un círculo vicioso que demanda respuestas impostergables y profundas.
Ciertamente, resulta imperativo adoptar medidas orientadas a evitar al máximo los factores antropogénicos detrás de los incendios, como el simple descuido y la irresponsabilidad individual que pueden iniciar un fuego, las malas prácticas agrícolas e incluso la mano de organizaciones delictivas interesadas en apropiarse de zonas boscosas. Pero además de las acciones humanas, es indiscutible que las altas temperaturas y la escasez o la ausencia total de lluvias son capaces, por sí mismas, de provocar conflagraciones catastróficas. Y todo hace prever que el cambio climático multiplicará tales condiciones.
Ante este cúmulo de factores, es claro que la Conafor carece de las atribuciones y de los recursos humanos y materiales para hacer frente al problema, situación que se replica en los gobiernos estatales y también, desde luego, en los municipales.
En tal circunstancia, es de obvia necesidad que entre los planes del gobierno que habrá de iniciar el próximo 1º de octubre se defina una instancia nacional de coordinación para combatir los incendios forestales en la que participen los tres niveles de gobierno, así como las dependencias civiles y militares, y que cuente con marco legal, personal y equipos suficientes para extinguir los centenares de fuegos que se producen en todo el territorio nacional durante las temporadas secas. A fin de cuentas, esta clase de conflagraciones pueden ser minimizadas si se actúa en forma ágil, eficaz y conjunta
