Los principales operadores del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para presionar a jueces y magistrados con el objetivo de obtener resoluciones a modo, en casos de relevancia, tenían posiciones claves en la Judicatura Federal que les permitían influir en los juzgadores, según la denuncia anónima que motivó el inicio de una investigación en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Se trata de Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF y hoy jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecm), y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)

Según la acusación, tanto el ministro en retiro como sus principales colaboradores vulneraron la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, para satisfacer los intereses de terceros o los del propio Zaldívar.

Según el documento, del cual tiene copia La Jornada, Carlos Antonio Alpízar es señalado como el operador más importante de Arturo Zaldívar para obligar a los juzgadores a dictar fallos en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno federal.

Existía un sistema corrupto utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Ejecutivo; consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil, señala el documento.

Incluso, se detalla que Alpízar organizaba reuniones con titulares, especialmente los del estado de México, en un rancho o restaurantes caros en la Ciudad de México, se platicaban los asuntos, específicamente los que tenían que ver con el Centro Federal de Readaptación Social uno Altiplano. En esas reuniones se presionaban a los titulares para que actuaran de determinada forma.

Utilizaba al personal de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal para realizar labores domésticas en su domicilio, como choferes, mucamas, servicio, construcción o cualquier otra labor que fuera necesaria para él y su familia; incluso los obligaba a acudir a realizar dichas funciones por lo menos un mes antes de que iniciara oficialmente su nombramiento, se expone.

En el caso de Netzaí Sandoval Ballesteros en el IFDP, de acuerdo con la denuncia, ejercía presión sobre los defensores públicos federales. Además, le imputan la venta de plazas, el cobro de cuotas, bonos y aguinaldos a varios de los funcionarios que contrató en el instituto.

Contrató defensores que no cumplían con el perfil, entre ellos Raúl Amador Quezada, Miguel Ángel Ortega Sánchez, Alma Berenice, Ángela Vera Valdés y María Elena Albores Cordero, que compraron su plaza, dice la denuncia.

Respecto a Édgar Manuel Bonilla del Ángel lo investigan por hechos de corrupción, pues supuestamente cuando fue director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, usó su posición para designar síndicos en los concursos mercantiles para que dichos procesos tuvieran fallos a modo.