Chihuahua, Chih., Un campamento que migrantes improvisaron desde enero pasado en un predio baldío del tamaño de un campo de futbol cercano a las vías del ferrocarril, comenzó con menos de 100 personas y ya alberga alrededor de 600, a consecuencia de los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional que les impiden abordar los vagones de carga y trasladarse hacia Ciudad Juárez.

Personas de Venezuela que se encuentran en el lugar confirmaron a La Jornada que los agentes del INM han incrementado las redadas para detenerlos y regresarlos a Tapachula, Chiapas, o a la Ciudad de México, para que tramiten ahí permisos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero en realidad, dicen, quieren impedir que se acerquen a la frontera de Estados Unidos, así como extorsionarlos.

Explicaron que los oficiales migratorios han utilizado incluso drones que sobrevuelan por las noches el campamento y las vías del ferrocarril; también, reclamaron, han usado exceso de fuerza para detenerlos y subirlos a camionetas.

Decisiones difíciles

El secretario general de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, dio a conocer que los operativos fueron anunciados por la delegada del INM en Chihuahua, Esther Martínez Zúñiga, en una mesa de seguridad en Ciudad Juárez; son decisiones difíciles y lo que se está haciendo es revisar la situación migratoria de cada una de las personas, afirmó.

Se trata de un operativo encabezado por el INM, nos informó que iban a continuar, sobre todo en la zona de Tabalaopa, tratando de inhibir que se utilizara el ferrocarril como transporte hacia la frontera norte por parte de los indocumentados o migrantes que se han apostado en ese lugar (campamento).

Organizaciones que apoyan a los extranjeros que llegan al estado, como Derechos Humanos Integrales en Acción y Uno de Siete Migrando AC, solicitaron que la Comisión de Derechos Humanos se pronuncie, pues denunciaron que los agentes del INM aumentaron sus acciones con uso de la fuerza.

Señalaron que los operativos del INM iniciaron el primero de abril pasado, en Ciudad Juárez, y se extendieron hacia el sur de la entidad, registrándose decenas de agresiones a personas en condición de movilidad.