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Invertir en inmuebles ya no dará golden visa automática en España

Unos 368 mexicanos la han obtenido desde 2013, sólo 2.53% del total de las otorgadas

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▲ Entre los beneficiados por la llamada visa dorada está el ex presidente Enrique Peña Nieto, aquí en imagen del 21 de mayo de 2018.Foto María Luisa Severiano
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 14 de abril de 2024, p. 8

Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió poner fin a una de las figuras que permiten obtener la llamada golden visa, la de la inversión inmobiliaria superior al medio millón de euros (9 millones 500 mil pesos), que abre la puerta a la residencia legal de por lo menos tres años y la repatriación inmediata de familiares y cónyuges. Esta medida, que se aprobó a raíz de la crisis económica de 2013, ha beneficiado a 368 mexicanos, algunos de ellos empresarios o personas que buscaban cambiar su lugar de residencia. Entre ellos destaca el político y ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que obtuvo su residencia en 2020 y la renovó al menos hasta 2028.

Necesidad de inversión extranjera

Las llamadas visas doradas están destinadas a empresarios o personas con alto poder adquisitivo que buscan asentarse temporalmente en España. Esta medida se aprobó en medio de una crisis económica galopante, dado que el país requería urgentemente inversión extranjera y sobre todo al verse asfixiada por el inmenso parque de viviendas vacías (más de 250 mil en 2014), muchas de ellas en propiedad de los bancos luego de que sus propietarios fueron desahuciados por el impago del crédito. El entonces gobierno del derechista Mariano Rajoy aprobó la medida para atraer capital de otros países y dar salida a esos inmuebles vacíos.

Las visas doradas se tramitan por la vía de urgencia, con lo que una persona que las solicita puede tener sus papeles en regla para vivir, trabajar e invertir en España en un plazo de 30 días, además de iniciar los trámites para la repatriación de sus familiares y cónyuges. Un erial imposible para el resto de migrantes o aspirantes a una visa de residencia, cuyos expedientes pueden demorarse meses, incluso años.

Esta medida está pensada para personas con grandes fortunas, a quienes se abre la posibilidad de invertir con un mínimo de 2 millones de euros en deuda pública; un millón de euros en acciones, fondos o depósitos; 500 mil euros en bienes inmuebles, y, finalmente, con presentar un proyecto empresarial con informe favorable de la Oficina Económica y Comercial (visados) o del departamento de Comercio Internacional e Inversiones (autorizaciones).

Temores

El gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar únicamente la figura que afecta la inversión en bienes inmuebles para no residentes de 500 mil euros, motivada en gran medida por el temor a que se esté utilizando para el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción política, como ya expresó hace un par de años la Unión Europea.

Según los datos del Ministerio de la Vivienda, desde 2013 se han otorgado un total de 14 mil 576 visas sólo por la figura de la inversión en bienes inmuebles, la mayoría de las cuales fueron otorgadas a ciudadanos procedentes de China (22.81 por ciento), Rusia (21.78), Reino Unido (7.53), Estados Unidos (5.19), Ucrania (4.08), Irán (2.95), Venezuela (2.56) y, finalmente, México, con 2.53 por ciento, lo que significa que alrededor de 368 personas la han obtenido desde su entrada en vigor.

La mayoría de estas inversiones han sido en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, es decir, sitios de playa, con lo que se sospecha que muchas de ellas son utilizadas como segundos domicilios y al tiempo obtienen la residencia legal en España, sobre todo los ciudadanos no comunitarios.

La estimación del parque de viviendas en España ascendía a 26 millones 811 mil 833 en 2022, de acuerdo con el boletín estadístico publicado en julio de 2023 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. Así que la concesión de 14 mil permisos de residencia por inversión en todo el periodo 2013-2024 se considera que podría tener un impacto bajo en los precios. Además, se expone que los compradores de vivienda son mayoritariamente españoles (84.88 por ciento) y los extranjeros (15.44 por ciento) son, en mayor parte, de la Unión Europea, excepto de Reino Unido.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó que con el proyecto de derogación de esta ley, que será una realidad en los próximos meses, pretenden dar un paso para ofrecer una respuesta excepcional, en lugares concretos, a un problema excepcional.

A pesar de que no se pueden dar a conocer los nombres de los mexicanos que han recibido esta forma de residencia en España, sí trascendió en su día que uno de ellos fue el ex presidente Enrique Peña Nieto, que la obtuvo en 2020 con duración de tres años, por lo que ya debió renovarla en 2023 por un plazo de cinco años más, según señala la propia legislación migratoria española, con lo que su residencia en España está garantizada al menos hasta 2028.

Beneficiarios

La identidad del resto de los connacionales que tienen esta visa de residencia es información confidencial, si bien sí explicaron en el Ministerio de Economía que la mayor parte de los inversores mexicanos en el mercado inmobiliario español abren delegaciones de sus empresas en el país y suelen pasar cortas temporadas en España, como el magnate Carlos Slim (que posee una de las carteras de viviendas más importantes del país ibérico por medio de Realia) o la empresa Be Grand, del empresario Nicolás Carrancedo, que se ha especializado en las viviendas de lujo. O la gestora inmobiliaria Terralpa, que tiene proyectos de varios centenares de millones de euros. O los hermanos Amodio, con la constructora OHLA, que tiene importantes inversiones en el mercado inmobiliario.

Así que la mayoría de los 368 mexicanos que obtuvieron la golden visa lo hicieron para cambiar su domicilio o tener una segunda vivienda y además una residencia legal de al menos tres años en un país de la Unión Europea, con todos los beneficios que supone. Y sin la exigencia legal de permanecer en España para su renovación, como ha ocurrido en numerosos casos.