Quito. Ecuador sufrió un terremoto el 16 de abril de 2016 y una de las provincias más afectadas fue Manabí, donde se asienta la fortaleza política y electoral del movimiento Revolución Ciudadana, además de ser la tierra de origen del legendario y más destacado líder de toda la historia, Eloy Alfaro.

En ese momento, el entonces presidente Rafael Correa dispuso la movilización de todo el Estado para atender a la población, además de reparar la infraestructura, que en general tuvo un impacto económico de más de 3 mil millones de dólares. Para ello se conformó un comité de reconstrucción encabezado por el ex vicepresidente Jorge Glas.

Tal fue el impacto de la atención y recuperación, que desde entonces se considera Manabí como el bastión del llamado correísmo: en todas las elecciones presidenciales ese movimiento gana con más de 50 por ciento de los votos.

De hecho, los manabitas reconocen que tras el terremoto de 2016 la realidad cambió notablemente, pues no sólo se repararon los daños, sino que se aplicó un nuevo sistema de servicio público con varias edificaciones, nuevos parques, ampliación de vías y carreteras, pero sobre todo con infraestructura nueva para servicios de salud y establecimientos de educación básica y de bachillerato.

Las dos figuras clave de este proceso fueron Glas y el ministro correísta de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, cuyo trabajo es reconocido por los habitantes de los pueblos y ciudades afectadas.

Quizá por eso, dentro del llamado lawfare, se ha intentado menoscabar el correísmo y a sus principales dirigentes, como reconocen muchos de sus propios adversarios. Y por ello se tocó un tema sensible: la reconstrucción de Manabí. En 2017, con Correa ya fuera del poder, inició investigaciones la Contraloría del Estado, en ese entonces encabezada por Pablo Celi, que hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria por actos de corrupción. Hubo una campaña concertada de los medios corporativos y los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso para desprestigiar y subestimar lo realizado.

Este viernes, tras seis años de iniciado el proceso judicial, en medio del conflicto diplomático con México y con Glas de nuevo en la cárcel, el fiscal general, Wilson Toainga, formuló cargos por el presunto delito de peculado contra el ex ministro Solís, quien lideró la reconstrución vial y de infraestura básica de Manabí.

También se formularon acusaciones, con orden de prisión así como de congelamiento de cuentas, para los viceministros y directores de varias instituciones que participaron en aquel comité.

Solís está en México desde mayo de 2021 en calidad de refugiado, por lo que Toainga dispuso la difusión de alerta roja a la Interpol. También se le involucró en el llamado caso Sobornos, por el cual tienen sentencias Correa y Glas, acusados de influjo síquico.

Es uno de los casos más escandalosos, porque se efectuó en tiempo récord para evitar que el líder de Revolución Ciudadana se presentara a las eleciones de 2021, junto con Andrés Arauz. El proceso de casación se resolvió en 17 días, cuando hay juicios, en la misma instancia, como el del ex presidente Jamil Mahuad, que han tomado más de una década. Él tiene asilo político en Estados Unidos.

A Solís, como a Glas, se les acusa de presunto peculado por un monto de 367 millones 478 mil 972 dólares, suma total de lo recaudado por el Comité de Reconstrucción con la Ley de Solidaridad, expedida para legitimar la obtención de recursos en una situación de emergencia.

En la intervención con la que solicitó la prisión, Toainga aseguró que las obras que se pactaron no fueron urgentes y se dieron contratos a empresas relacionadas con la familia de Carlos Bernal, ex secretario técnico del Comité para la Reconstrucción.

Con este proceso, por el cual ya había una orden de prisión para Glas –desde el 5 de enero último– es que las autoridades ecuatorianas justifican el asalto a la embajada de México en Quito, donde el ex vicepresidente estaba en calidad de huésped desde el 17 de diciembre de 2023 hasta el pasado 5 de abril, cuando se conoció que México le concedió el asilo político. Ahora permanece privado de su libertad en la cárcel La Roca.