o encuentro otra forma de expresar la preocupación ante el negacionismo instalado de manera oficial o bien acompañado de la expresión de que es cierto pero se exagera. Este discurso está instalado y se ha incrementado en los ahora reales tiempos electorales. Unos para magnificar la crisis en materia de seguridad, otros para negarla, naturalizarla. Desde tiempos de Calderón se produjo una modificación central en los medios escritos y ahora se suma en los digitales. En mis ya lejanos años mozos, la prensa tenía una sección llamada policiaca que yo eludía. Desde el gobierno anotado, a partir de 2006 se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico y ese concepto se instaló como nota nacional sin distinción. Al comentar esta transmutación con un amigo opiné que algunos medios se estaban convirtiendo en amarillistas y él me respondió es que la realidad es amarilla. Ese es actualmente el punto, hay una suerte de daltonismo político , está a debate el color de la realidad.

Es más que evidente que la problemática grave no se inventó en el sexenio actual que parecería estar por concluir y digo con seriedad que parecería porque en esta materia la amenaza de continuidad de los abrazos se da casi como un hecho y se naturaliza como parte de la narrativa de que este arroz ya se coció. El negacionismo se ha instalado al punto de que no hay espacio para reconocer que la estrategia aplicada no dio los resultados esperados.

Así planteado, faltan aún semanas electorales de polarización entre la postura oficial satisfecha con sus políticas, la oposición de las no propuestas y la votación del 2 de junio próximo. Sin embargo, para amplios sectores sociales, sus agendas históricas están impactadas por el fenómeno recurrente de la violencia. Para los pueblos indígenas la defensa del territorio, del agua o contra megaproyectos se realiza en contextos de riesgo; los organismos de derechos humanos en el país continúan su labor y también resultan estigmatizados al denunciar el color de la realidad. Incluso las y los actores del proceso electoral la están resintiendo al punto de que se ha definido un protocolo de protección de Guardia Nacional que bien sabemos no en todos los casos de crímenes contra aspirantes estaba operando. Ejercicio por cierto antinatura, si pensamos que se desarrolla un proceso pacífico y ­democrático.

Podemos enunciar una numeralia de ejemplos, pero me quedaré con uno de los más recientes y significativos. El pasado 2 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que el 31 de marzo en Chiapas, en el embarcadero de la localidad Niños Héroes del municipio de La Concordia, donde la población espera la panga para cruzar, fallecieron 25 personas, en medio del fuego cruzado y como resultado del enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo armado. En la mañanera del 3 de abril, el Presidente de la República señaló que es cierto, pero sólo fallecieron 10 en dos enfrentamientos y no 25, por tanto, el Frayba miente. Hay que detenernos en la explicación del Presidente. Resulta que, según dijo, están construyendo dos puentes y los trabajadores pidieron protección frente a esos grupos que los agreden e impiden su labor. Por ello la presencia de la Guardia Nacional. Es decir, trabajadores requieren protección y candidatas y candidatos también.

Ante este caso, alrededor de siete centenares de integrantes de la comunidad académica de ciencias sociales y naturales, de las humanidades, del arte y la cultura de diversas instituciones en Chiapas, casi en su totalidad y, con firmas de pares del resto del país emitió un pronunciamiento donde aborda la problemática histórica y la situación actual que se vive en Chiapas producto de un largo proceso histórico de pobreza, exclusión y marginación, de concentración de la tierra, de la presencia de diversos actores y más reciente del crimen organizado, todos han contribuido a generar fuertes tensiones, migración y desplazamiento forzado.

Retoma la denuncia del Frayba para exigir una investigación exhaustiva que incluya la rendición de cuentas sobre el actuar de la Guardia Nacional y demanda que el Estado cumpla con la obligación de garantizar los derechos humanos de todas y todos no sólo en Chiapas, sino en todo México. Agrego: que termine ya la réplica de la máxima salinista: ni los veo ni los oigo.