A pesar de que México se vuelve cada vez más un país de destino, no sólo de tránsito para miles de migrantes latinoamericanos, no existen mecanismos institucionales para propiciar su integración a la sociedad, lo que da pie al surgimiento de expresiones de xenofobia, desigualdad y estancia irregular, advirtió la investigadora Johana Navarrete Suárez.

Durante su participación en el foro Desigualdades en contextos migratorios y laborales, organizado por El Colegio de México, la especialista destacó que, a mayor flexibilidad en las estrategias de regularización de los indocumentados, son más amplios y profundos los procesos de integración al país al que llegan.

En sentido contrario, señaló, si dichas estrategias no existen, se producen fenómenos de violencia legal-simbólica, precariedad, aislamiento social y reproducción de estereotipos, los cuales finalmente desembocan en un proceso de racialización de la irregularidad, donde se ven afectadas algunas nacionalidades en particular.

Pese a la falta de mecanismos suficientes en este terreno, las estadísticas de reglamentación han ido aumentando en años recientes, destacó. En 2022 fue cuando se registró la mayor cantidad de trámites, con 208 mil, de los cuales al menos 50 por ciento son hechos por centroamericanos, aunque en 2019 y 2020 aumentaron los de personas originarias del Caribe y Norteamérica.

De acuerdo con un estudio elaborado por Navarrete, basado en las experiencias de migrantes que residen en la zona metropolitana del valle de México, el promedio de edad de este grupo es de 42 años y tienen al menos 14 viviendo en el país, de los cuales 2.5 han estado en condición de irregularidad.

En muchas ocasiones, agregó, el no contar con documentos que comprueben su estancia legal tiene que ver con la demora de las autoridades, así como con actos de discrecionalidad, negligencia u hostilidad, lo que afecta la incorporación de las personas afectadas al mercado laboral formal.

Otra arista del fenómeno es la propia resistencia de las empresas a legalizar la residencia de sus empleados. Todo ello, lamentó, termina por obstaculizar seriamente el acceso a derechos básicos, como educación y salud, e incluso a abrir una cuenta bancaria para recibir su pago.