a Comisión de Trabajo y Previsión del Senado aprobó por unanimidad la reforma a la legislación laboral que incrementa de 15 a 30 días el pago del aguinaldo que reciben anualmente los trabajadores en México. La iniciativa aún debe pasar por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda antes de llegar al pleno de la cámara alta, donde, de ser aprobada, significaría la primera mejora a esta prestación laboral en más de medio siglo y un paso para actualizarla y homologarla con lo que perciben los asalariados en otros países de América Latina.
La propuesta presentada por Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y dirigente minero, se inscribe en el contexto de políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación a favor de la recuperación del poder adquisitivo del salario. Estas políticas no sólo han sido positivas para los trabajadores, sino también para el conjunto de la economía, ya que ponen el dinero en circulación, dinamizan el gasto en comercios y servicios, fortalecen el mercado interno y generan una reactivación económica que se traduce en mayor bienestar.
Los datos al respecto son elocuentes: de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 5 millones de personas han superado la condición de pobreza, con lo que, por primera vez en la historia, menos de 40 por ciento de los mexicanos padecen este flagelo. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció que en los pasados tres años se ha dado una reducción sostenida de la desigualdad gracias a que el patrimonio de la población general ha crecido a un ritmo mayor que el de los ultrarricos, pese a que éstos siguen acaparando un porcentaje desproporcionado de las fortunas.
Los avances reseñados son, en gran medida, producto de la aplicación de los programas sociales, pero también de los incrementos al salario mínimo, los cuales se han ubicado por encima de la inflación durante todo el sexenio. En este contexto, duplicar el aguinaldo se traduce en un aumento de 4 por ciento en los ingresos anuales de los trabajadores, un monto que impulsará la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, así como la consolidación del rescate del poder adquisitivo de las mayorías.
Desde que comenzaron a aplicarse estas políticas, y pese a la crisis global desencadenada por la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania, se han conseguido cifras sin precedente de inversión extranjera, se han multiplicado las utilidades de las empresas de propiedad tanto nacional como foránea y, en general, se ha observado una indiscutible bonanza para los dueños del capital. Al mismo tiempo, se derribó el mito de que las alzas salariales son el principal factor inflacionario.
Ante los beneficios que implica la dignificación de los ingresos laborales, los legisladores deben tramitar y aprobar sin dilaciones la iniciativa de reforma comentada antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
