Roberto Borge Angulo, ex gobernador priísta de Quintana Roo, continuará recluidoluego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva para que se modificara la prisión preventiva y se ordenara su inmediata libertad.

En marzo pasado el ex mandatario fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La defensa de Borge promovió un juicio de amparo el 28 de diciembre de 2023 ante el juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con residencia en Toluca, estado de México; no obstante, el juez Alfonso Alexander López Moreno se negó a otorgar la medida cautelar.

Argumentó que en el momento de interponer el juicio de amparo, Borge Angulo ya se encontraba detenido por orden de la autoridad competente y por ello consideró inviable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el ex gobernador, es decir, liberarlo de inmediato.

Tiene tres procesos pendientes en QR

El impartidor de justicia otorgó la suspensión definitiva, pero sólo para el efecto de que el ex mandatario quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento.

En marzo de 2023, Borge Angulo fue vinculado a proceso como presunto responsable de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese entonces, el togado impuso al ex Ejecutivo estatal prisión preventiva oficiosa por tratarse de un delito grave; por ello continúa en el Centro Federal de Readaptación Sicosocial de Ayala, Morelos.

En el ámbito estatal se siguen tres procesos penales en contra del último gobernador de origen priísta de Quintana Roo.

Los delitos que se imputan a Borge Angulo en la entidad son aprovechamiento ilícito del poder, por un supuesto desvío de recursos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos; desempeño irregular de la función pública, por un supuesto quebranto al erario estatal, y la venta de varios inmuebles propiedad del estado a precios muy por debajo de su valor real.