La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, impulsa una iniciativa para sancionar a los servidores públicos que incurran en hostigamiento y acoso sexual a sus compañeras y al personal a su cargo, ya que en la mayoría de los casos se trata de abusos de poder de funcionarios hacia sus subordinadas, que han ido en aumento.

Es una iniciativa histórica, comentó la ministra en retiro, ya que busca erradicar del servicio público abusos de la autoridad cuando acosan a mujeres con acciones como mostrar partes íntimas, enviar imágenes de carácter sexual no deseadas o haciendo contacto inapropiado o sugerente.

La iniciativa, que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para tipificar como falta grave el acoso sexual, se presentó en el Senado a principios de este mes y la intención es que se apruebe en el próximo periodo de sesiones que inicia el 1º de febrero y es el último de esta Legislatura, recalcó la senadora de Morena.

En la exposición de motivos de la reforma, se precisa que México ha firmado tratados y convenios internacionales, cuenta con una legislación en la materia y en la Administración Pública Federal (APF) rige el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, publicado en 2020 en el Diario Oficial de la Federación, pero aún así la violencia contra las mujeres en espacios laborales educativos y públicos se ha elevado.

El Informe Anual de Denuncias de Hostigamiento Sexual y de Acoso Sexual en la APF en 2021 establece que los Comités de Ética recibieron 321 denuncias en las que 276 de las víctimas fueron mujeres y en 80 por ciento de los casos el agresor mantenía una posición jerárquica superior.

En ese mismo año, en el Órgano Interno de Control de 65 dependencias y entidades de la APF se presentaron 255 denuncias.