En México, en promedio, cuatro de cada 10 jóvenes de entre 18 y 22 años asisten a la universidad, pero en los casos de las familias más pobres, sólo uno de cada 10 logra ese acceso.

Un estudio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), entregado a la Cámara de Diputados, destaca que desde 2018 la matrícula pública en el sector universitario ha crecido en más de 300 mil alumnos, en tanto que su presupuesto ha decrecido más de 4.5 por ciento en términos reales en el mismo periodo.

Detalla, por ejemplo, que de las 35 universidades públicas estatales del país, 27 reciben una menor proporción de subsidio ordinario por parte de sus gobiernos locales respecto a lo que asigna la Federación, incumpliendo con el acuerdo de aportación de 50 por ciento.

Y en varios casos también se incumplen los términos establecidos en los convenios de apoyo financiero, por lo que 15 entidades presentan adeudos con sus universidades estatales por 9 mil millones de pesos entre 2019 y 2022.

La Anuies señala que México concentra una matrícula de 5 millones 192 mil estudiantes; de ellos, 4 millones 754 mil están inscritos en licenciatura y técnico superior universitario, lo que coloca al país en el séptimo lugar a escala mundial en cobertura en este nivel educativo.

De esa matrícula, las instituciones públicas de educación superior atienden a 64 por ciento, es decir, 3 millones 290 mil alumnos; y de esas universidades, las estatales concentran el mayor número de estudiantes, 1.3 millones, seguido por las universidades federales (UNAM, IPN, UPN, UAM, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma Antonio Narro y Universidad Abierta y a Distancia de México), con 18 por ciento de los estudiantes.

En tanto, los planteles del Tecnológico Nacional de México agrupan a 17.4 por ciento de la matrícula pública.

No obstante, la Anuies considera que el incremento de la matrícula en el último lustro es insuficiente. Como país tenemos una importante deuda con los jóvenes, principalmente con aquellos que vienen de los hogares más pobres.

Indica que en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero sólo ingresan a la universidad dos de cada 10 jóvenes, por lo cual alerta de que no cuentan con los recursos humanos suficientemente capacitados para atender los proyectos de infraestructura y desarrollo tecnológico y comercial impulsados por el actual gobierno en la región sur-sureste del país –refinería de Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Interoceánico, entre otros–, y se corre el riesgo de que las familias originarias de la región sean desplazadas en puestos de trabajo por profesionistas y personal proveniente de otras regiones e incluso del extranjero.

En el análisis, la Anuies también plantea que se ha incumplido con el monto de inversión pública para la educación superior, fijado en uno por ciento del producto interno bruto en la Ley General de Educación Superior.