La política migratoria del actual presidente de Estados Unidos ha sido justamente criticada por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, que abogan por las garantías para los migrantes, y por algunos medios y estudiosos de ese fenómeno. Argumentan que el número de detenciones y deportación de migrantes efectuadas por los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump palidecen comparados con los de la actual administración. Pero, analizar el problema migratorio en ausencia del contexto en el que ocurre contribuye poco para resolverlo, si es que eso es posible en la forma en que el mundo actual se comporta con millones de seres humanos.

Hay que decir que desde hace varias décadas el Partido Demócrata ha insistido en una reforma migratoria que haga justicia a los migrantes y al mismo tiempo resuelva las necesidades, algunas urgentes, de mano de obra en el país. Entre los promotores de esa transformación ha estado incluso el presidente republicano George W. Bush, a quien su propio partido puso en ridículo al negarse a aprobar una reforma que apoyó su administración.

Es un error juzgar la política migratoria actual, en comparación con la de administraciones anteriores, sin considerar la forma en que las condiciones económicas, sociales y políticas han evolucionado, o para ser más exactos, involucionado, en los países expulsores de migrantes. El aumento de la población que migra a Estados Unidos está relacionado en forma directa con esas causas.

Calificar como invasión la llegada de migrantes que solicitan asilo, como lo han hecho algunos legisladores, es un síntoma de su intolerancia. Su ignorancia y condición ultraconservadora no les permite entender que es un fenómeno mundial cuyas causas van más allá de la voluntad de quienes abandonan sus lugares de origen. No se puede detener con normas draconianas y arengas racistas y xenófobas, como los gobernadores de Florida y Texas han perpetrado. La forma por demás grotesca de empacar y transportar a miles de ellos con engaños y depositarlos a las puertas de las sedes de gobierno de estados como California y Nueva York, en castigo por la política migratoria tolerante de esos lugares, habla mucho de la calidad política y humana de esos gobernadores.

En este marco de intolerancia, los legisladores republicanos han condicionado el apoyo a Ucrania a cambio de un endurecimiento en la política migratoria. Obligar a que se escoja entre una y otra resulta mezquino e indignante.

Las encuestas revelan que migración e inflación son dos causas que influyen en la disminución de la popularidad del presidente Joe Biden entre las comunidades latinas. En el primer caso, la derecha acusa al gobierno de propiciar una política de puertas abiertas, por intentar dar un cause humanitario a quienes solicitan asilo; en el segundo, el incremento en el costo de la vida es un fenómeno que escapa al control exclusivo del gobierno, como lo han afirmado los diversos especialistas. Uno de los principales factores es la especulación y el aumento artificial de los precios mediante el que productores e intermediarios incrementan sus ganancias. Acusar al gobierno por la inflación producida por la derrama económica que ha realizado, precisamente en favor de los más necesitados, es en el mejor de los casos una gran paradoja.

El chantaje de los legisladores republicanos en castigar a quienes buscan asilo en Estados Unidos a cambio de mantener el apoyo al pueblo ucranio es algo que el presidente no debiera tolerar. Como están las cosas, Biden deberá ser firme en su política interna de apoyo a la mayoría que más lo necesita, y en la externa coadyuvar, en concierto con otras naciones, en el apoyo la causa de Ucrania. No hacerlo pudiera ser la llave que abra la puerta a la ultraderecha, con Donald Trump al frente. Al menos es lo que las encuestas revelan hasta hoy.