l presidente Andrés Manuel López Obrador será recordado por muchas reformas estructurales realizadas durante su administración. Pero una de las más importantes será la sana separación del poder económico de los asuntos públicos. Esto no implica excluir al sector privado de participar en proyectos o políticas públicas. Lo que implica es que los intereses privados o personales no sesguen o contaminen las decisiones de política pública y esto vaya en detrimento del bienestar de la población.

Durante más de 30 años, las decisiones tomadas durante la época neoliberal estuvieron manchadas de numerosas puertas giratorias influidas por la captura del poder económico. Es decir, personas en altos puestos públicos tomaban decisiones para favorecer a un sector o empresa específica para obtener beneficios en el futuro.

La decisión histórica del Presidente de separar los intereses garantiza que las decisiones gubernamentales se tomen con un objetivo humanista para beneficiar a toda la sociedad.

La política de separación rompe con la captura económica del Estado y promueve la colaboración transparente, democrática y equitativa entre las relaciones públicas y privadas. Las empresas privadas son invitadas a contribuir al desarrollo nacional a través de su participación en proyectos de interés público. Además, dichas empresas, por su parte, persiguen objetivos de rentabilidad en una economía que se va fortaleciendo mediante el crecimiento de su mercado interno y de un enfoque intensivo de facilitación del comercio internacional.

Esta separación ya ha materializado dos beneficios principales: que el presupuesto alcance para más y que puedan realizar reformas que antes eran impensables. Por un lado, al reducir el costo de la corrupción el presupuesto rinde más y se mejora la eficiencia del Estado. Esta administración ha incrementado el gasto social y el de inversión publica a la par que mantiene la deuda como porcentaje del producto interno bruto en niveles bajos comparado con los estándares internacionales.

La cartera de proyectos de la actual administración es una de las más grandes e importantes de las últimas décadas. Los proyectos emblemáticos ejemplifican este cambio de enfoque. El Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum y el Corredor Interoceánico, entre otros, son avances en infraestructura que mitigan las diferencias sociales y económicas entre el norte y el sur de México.

Las inversiones en el sur-sureste han mejorado significativamente las condiciones de vida en estas regiones, con el sur creciendo al doble del promedio del país, un hecho sin precedentes que fortalece el crecimiento. Hoy, el país crece entre 3 y 4 por ciento cada año y, por este motivo, cuando el sureste crece, la nación en su conjunto crece aún más.

Por otro lado, es posible realizar reformas que en décadas anteriores se creían dogmáticamente inconcebibles. Las reformas laborales son un claro ejemplo de este enfoque. La eliminación de los abusos del outsourcing, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones se han implementado en favor de los derechos de los trabajadores y no en función de las ganancias privadas. Como consecuencia, las familias tienen ahora mayores ingresos y las empresas también.

A todos les ha ido bien. El desempleo está en niveles mínimos y la participación laboral ha alcanzado un promedio anual de 60.2 por ciento de enero a junio de 2023, uno de los niveles más altos registrados, con una disminución notable en la pobreza laboral. Al mismo tiempo, el sector financiero y la economía real alcanzan niveles de rentabilidad históricos.

Uno de los efectos más importantes de la separación entre los intereses públicos y privados es la universalización de derechos y una mayor provisión de bienes públicos que benefician a toda la sociedad. La adopción de este modelo de gobierno es un hito que será recordado históricamente como uno de los grandes cambios que están contribuyendo a una sociedad más justa y un futuro donde toda la ciudadanía comparte la prosperidad, el desarrollo y el crecimiento.

* Subsecretario de Hacienda y Crédito Público