Quito. La justicia de Ecuador ordenó ayer prisión para 16 de los 31 funcionarios, entre ellos jueces y fiscales, investigados por delitos relacionados con el narcotráfico, en la que ha sido descrita como la mayor operación contra la corrupción y el crimen organizado.

El llamado caso Metástasis revela presuntos vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado, que derivó en la detención de 31 personas, incluidos Wilman Terán, titular del órgano que supervisa a los jueces en el país, y el general Pablo Ramírez, quien hasta hace unos días era jefe de la Policía Antinarcóticos.

Un juez de la Corte Nacional de Justicia envió a prisión preventiva a 16 de los detenidos, incluido a Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, tras escuchar a la fiscal Diana Salazar presentar cargos contra los implicados.

Los acusa de haber recibido sobornos para proteger a Leandro Norero, alias El Patrón, supuesto narcotraficante asesinado en la cárcel en 2022 y señalado de financiar a algunos grupos criminales ecuatorianos y tener vínculos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

“El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en algunos casos”, declaró la fiscal Salazar.

Para los otros 14 procesados, incluido el general Ramírez, se dictó prohibición de salida del país y presentación ante un juez cada 15 días, pero se negó la incautación de cuentas bancarias.

La revelación ocurre a menos de un mes de la llegada a la presidencia de Ecuador del empresario Daniel Noboa, quien ha dicho que su prioridad es reducir la violencia que padece el país.

La fiscal aseguró que la red operó entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios recibían sobornos de hasta 450 mil dólares, además de joyas y bienes inmuebles, a cambio de sobreseimientos judiciales, asesoramientos, beneficios administrativos y recursos jurídicos favorables para Norero, sus hermanos y esposa.

Según Salazar, dos hombres cercanos a El Patrón eran responsables de entregar los sobornos a los funcionarios. Uno de ellos, dijo, operó en coordinación con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio por desconocidos en esa ciudad portuaria.