Antes de la conclusión del actual periodo ordinario de sesiones, el próximo viernes, se tiene previsto que el pleno senatorial analice y vote un dictamen con proyecto de decreto por el que se emite la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Con esta norma se busca agilizar la solución de diferendos entre particulares, con la ayuda de mediadores o facilitadores certificados por el Poder Judicial y así evitar largos juicios y lograr una justicia pronta.

El documento iba a ser analizado el pasado miércoles en una sesión vespertina del Senado, sin embargo, por falta de quorum ya no fue posible. Se tiene contemplado que el próximo miércoles los legisladores revisen el tema en la plenaria que tendrán.

La propuesta se elaboró en coordinación con los diputados federales y la aprobación del dictamen correspondiente en comisiones contó con el aval de todos los grupos parlamentarios, por lo que se estima que también será votado a favor en el pleno senatorial y en San Lázaro.

Para su construcción se retomaron las experiencias que se tienen sobre la mediación en los estados y en algunas instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Esta ley reglamentará la reforma constitucional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017.

También atiende un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de agosto pasado en el que se ordenó al Congreso legislar sobre el tema en el periodo ordinario vigente o a más tardar el siguiente, tras no haberlo hecho por seis años.

El dictamen plantea que las partes en conflicto resuelvan sus diferencias con la ayuda de un facilitador y sin tener que acudir a instancias jurisdiccionales. El acuerdo que se alcance surte plenos efectos desde el momento en que se suscribe ante el mediador. Su inscripción en un sistema de convenios impedirá nuevas demandas sobre un mismo problema.