Ciudad Juárez, Chih., Las diputadas Rosana Díaz Reyes y Regina Bujanda Ríos, de Morena y el PAN, respectivamente, buscan por separado crear mecanismos de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa en la entidad, e incrementar las penas. Lo anterior, a consecuencia del crimen del fotoperiodista Ismael Villagómez perpetrado la semana pasada.

Díaz Reyes, comunicadora y legisladora de Morena por Juárez, presentó una iniciativa a fin de expedir la ley para la protección integral de periodistas y trabajadoras de la prensa en Chihuahua.

Explicó que intenta abrir un foro en el cual discutir una norma particular ante las circunstancias de los periodistas y se tiene la oportunidad de iniciar una coyuntura para la mejor protección del periodismo, de la prensa y sus familias, porque cada comunicador al que le es arrebatada la vida deja dolor en sus parientes y es un atentado a la libertad de expresión y a la vida democrática de México.

La panista Bujanda Ríos presentó una iniciativa por la que busca endurecer las sanciones en casos de amenazas a periodistas cuando el autor sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, busca dar un paso significativo en la protección de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción en el país.

Diputada apoya duplicar penas por amenazas

Por lo anterior, la propuesta es modificar el Código Penal del estado a fin de que las penas por amenazas a comunicadores se dupliquen cuando el autor sea un funcionario público, y alcance en los casos más graves hasta 15 años de prisión.

Esta reforma es importante para garantizar la seguridad de los periodistas, precisó la legisladora durante su exposición de motivos. Añadió que los comunicadores son esenciales para una sociedad democrática y es nuestro deber protegerlos.

Agregó que información nacional establece que ocho de cada 10 informadores han denunciado intimidaciones o amenazas en al menos una ocasión, por la publicación de sus notas, las cuales resultan incómodas para alguien. Asimismo, 77 por ciento han sido objeto de acoso; 65 sufrieron amenazas; 34 padecieron violencia física y 29 por ciento fueron privados de su libertad.