La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Compañía de Jesús, entre otras organizaciones eclesiásticas, presentaron ayer la Agenda Nacional de la Paz, mediante la cual se busca un cambio esencial en la conciencia colectiva, así como alejar la cultura de la violencia, frente a la crisis sin precedente que se registra en el país en materia de seguridad.

El documento será entregado a los candidatos a la Presidencia y a otros cargos de elección popular, señaló el secretario general de la CEM, Ramón Castro, al destacar su interés en que este fruto se concretice y haya diálogo con personas claves para que la agenda surta el efecto necesario.

Puede haber otros datos, pero queremos compartir esto para ampliar la visión y detallar que sí hay una realidad de emergencia que se debe atender, agregó el prelado en conferencia de prensa.

La agenda se construyó a partir de mil conversatorios por la paz, 50 foros sobre justicia y seguridad y con la participación de más de 20 mil personas, entre ellos, especialistas y académicos de instituciones de educación superior.

La agenda tiene como objetivo abrir horizontes de justicia y paz en este momento crítico de la historia del país en el que se enfrenta una violencia sin precedente, cuya magnitud y profundidad insta a tomar medidas colectivas, dejando de lado intereses o proyectos individuales, explicaron el secretario general de la CEM; Marco Hernán Quezada, delegado de la Compañía de Jesús; Juana Ángeles Zárate, de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, y Denisse María Arana, secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal para los Laicos.

El texto plantea siete acciones principales para alcanzar la paz en el país, entre las que se encuentra sistematizar, fortalecer y compartir las buenas prácticas que han demostrado ser eficaces en áreas críticas como seguridad, justicia y desarrollo social.

También, establecer mesas técnicas dedicadas a influir en políticas públicas que aborden aspectos fundamentales como el tejido social y el sistema penitenciario.

De igual manera, atender los factores de riesgo que afectan a los adolescentes desde las escuelas secundarias y sus entornos familiares y comunitarios, promover nuevas formas de gobernanza y la coordinación efectiva de las fuerzas de seguridad, así como la implementación de estrategias coherentes en todo el país.