l presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que su gobierno enviará al de Estados Unidos una nota diplomática para protestar por las exageradas revisiones impuestas por Greg Abbott, gobernador de Texas, a todos los camiones mexicanos que cruzan la frontera hacia ese estado, medida que calificó de hostil: “Están obstruyendo en las aduanas –dijo– el libre tránsito de mercancías”, lo que genera pérdidas millonarias a ambos países.
El domingo pasado, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) dio a conocer que en las aduanas texanas están atascados 19 mil camiones que transportan en conjunto mercancía valuada en mil 900 millones de dólares.
Las torpes medidas de Abbott no son ciertamente inéditas; por décadas, autoridades federales y estatales del país vecino han obstaculizado de manera intermitente y con diversos pretextos el paso de mercancías del sur al norte de las frontera; ya fuera alegando malas condiciones mecánicas de los transportes de carga mexicanos, con pretextos fitosanitarios o alegatos supuestamente ambientalistas, el desempeño de Estados Unidos como socio en un acuerdo de libre comercio dista mucho de ser positivo, y sus gobernantes han recurrido a bloqueos, medidas proteccionistas o tortuguismo aduanal con propósitos de chantaje político y migratorio o para ceder a presiones de sus productores.
En la actualidad, los pretextos esgrimidos por el gobierno texano para dificultar el paso de los autotransportes procedentes de México son la persecución de migrantes y la lucha contra el tráfico de fentanilo.
Se trata de coartadas absurdas por partida doble: por un lado, la detección de extranjeros sin visa no tendría por qué hacer tan lento el tránsito de los camiones y, por el otro, las revisiones de su contenido, por exhaustivas que resulten, difícilmente podrían tener un efecto significativo en la reducción del trasiego de esa droga que, por su concentración, ocupa muy poco espacio.
Descubrir 500 gramos de fentanilo en un contenedor de tráiler entre 90 metros cúbicos de mercancías legales es como buscar una aguja en un pajar. Por lo demás, hay abundante información periodística sobre casos de corrupción entre agentes aduanales y empleados de la Oficina de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como para concluir que la detección de estupefacientes ilícitos no sólo implica revisar el contenido de un camión caja por caja sino, sobre todo, que los empleados públicos que realizan la revisión no hayan sido sobornados por traficantes.
Así pues, el empecinamiento del gobernante texano parece un montaje que en nada o en muy poco contribuye a detener el paso de opioides por la frontera común o a impedir el tránsito de migrantes; en cambio, las revisiones exhaustivas provocan un severo daño a las economías de ambos países, en la medida en que generan retrasos desastrosos de suministros industriales y de otras mercancías, lo que a su vez afecta negativamente a instalaciones fabriles y giros comerciales en ambos lados de la frontera. Por lo que puede colegirse, el boicot de Abbott al flujo de productos entre su estado y el territorio mexicano es simplemente un alarde de prepotencia de esos que resultan gratos a los sectores más reaccionarios y chovinistas del país vecino, y cuyo voto ha sido fundamental para llevar al poder a políticos tan atrabiliarios como el propio gobernante texano.
