La defensa de 13 de las 26 víctimas mortales por el colapso de una trabe en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro aceptó comenzar las pláticas para llegar a un acuerdo reparatorio, por lo que el juez de control del Tribunal Superior de Justicia determinó suspender la audiencia para la apertura del juicio oral.

El impartidor de justicia determinó que se reanude en un plazo de 30 días, tiempo que tendrán los afectados para conocer la propuesta de reparación del daño que harán los 10 imputados, entre los que se encuentra el que fuera director del proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

El abogado de un grupo de familias, Cristopher Estupiñan, expuso que “los asesores jurídicos aceptamos someter este caso a un procedimiento alternativo social de controversias en vistas de un acuerdo reparatorio“.

A su salida de las salas de juicios orales, expuso que todos los imputados están abiertos para llegar a un acuerdo y en ocho días empezarán las pláticas.

Tenemos qué ver las propuestas que realiza la defensa de los imputados, será una propuesta general y la base es que sea algo justo y proporcional al grado de responsabilidad de cada uno de ellos.

La recomendación para iniciar un proceso reparatorio se hizo bajo la previsión de que la defensa tiene diversos amparos en curso, por lo cual los jueces federales han ordenado que no se dicte este auto de apertura de juicio oral.

Por su parte, el defensor de las otras 13 víctimas, Teófilo Benítez, solicitó 15 días para analizar si acepta el acuerdo o continúa con el proceso, porque no sólo considerarán la reparación económica del daño, sino que se les garantice atención médica, que el Sistema de Transporte Colectivo opere con seguridad y no se repita ese problema.

Explicó que estudiarán los términos de un acuerdo reparatorio ante el órgano de mediación de la Fiscalía General de Justicia, e indicó que el objetivo de fondo es que se logre la verdad histórica y pueda demostrarse que hubo culpables por los hechos que dejaron 26 personas muertas y más de 100 lesionadas.

Para el penalista, la propuesta de los acusados de llegar a un acuerdo mediante la vía económica no es más que un acto dilatorio, puesto que en audiencias anteriores exhibieron sus cuentas bancarias en ceros.