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Presupuesto participativo tiene debilidades normativas: Morena
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de abril de 2023, p. 29

El representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Eduardo Santillán Pérez, señaló debilidades institucionales y normativas en la supervisión de la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo a partir del caso del ex trabajador de Álvaro Obregón, Darío Villeda Rodríguez, quien atentó contra su vida tras denunciar hechos de corrupción, entre los que refirió la aplicación de esos recursos, así como abusos y amenazas por parte de la alcaldesa panista Lía Limón.

En sesión del pleno, expuso el caso de Villeda, quien dijo haber sido hostigado por la alcaldía al negarse a firmar la validación de trabajos no realizados en la colonia Zenón Delgado, consistentes en la construcción de escalinatas, una rampa y la instalación de malla ciclónica para delimitar la barranca.

Sostuvo que hay más casos en los que se presiona a vecinos para firmar la validación de obras que presentan sobrecostos, mal ejecutadas, con materiales de mala calidad o inconclusas

Deben revisarse los proyectos

Santillán Pérez, quien fue jefe delegacional en Álvaro Obregón, comentó que para hacer justicia a Darío el Congreso capitalino debe iniciar un ejercicio de revisión de la ley y el IECM de la supervisión de la ejecución de los proyectos.

Ayer comenzó la votación vía Internet para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) del periodo 2023-2026 y los proyectos del presupuesto participativo de 2023 y 2024.

Se registraron 22 mil 227 personas para participar por esa vía, a las que se proporcionó una clave con la que podrán acceder al sistema, que abrió ayer a las 9 horas, y estará disponible hasta el próximo jueves. La votación presencial se hará el 7 de mayo.

Además, el IECM aprobó en sesión extraordinaria lineamientos para hacer transparentes el origen y destino de los recursos utilizados por los comités promotores de procesos de revocación de mandato.

En ellos se establece la entrega de dos informes, uno respecto al dinero colectado y gastado en la etapa de recolección de firmas y otro en caso de que se realice el ejercicio revocatorio, sobre las actividades de promoción y difusión y la procedencia y utilización de los fondos aplicados.