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Exigen investigar a Aureoles por represión en Nahuatzen
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de abril de 2023, p. 25

Morelia, Mich., A seis años de la represión a comuneros de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en la que murieron cuatro personas y al menos 10 resultaron lesionadas, decenas de habitantes marcharon ayer de Casa Michoacán al centro histórico de Morelia para exigir castigo al ex gobernador perredista Silvano Aureoles, así como a los demás funcionarios que estuvieron involucrados en la agresión y la ocultaron.

Los manifestantes incendiaron una caseta de vigilancia, lesionaron a un policía y realizaron pintas en el palacio de gobierno para demandar castigo a los autores materiales e intelectuales de la violencia que sufrieron por parte de policías federales y estatales en 2017.

Los pobladores de dicha localidad purépecha reprocharon que hasta ahora sólo se ha criminalizado a los comuneros, con el argumento de que ellos fueron quienes comenzaron la balacera, a pesar de que, dijeron, ninguno de los cuatro muertos, entre ellos un estudiante de 16 años, portaban armas.

El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla declaró que el caso debe reabrirse e incluso afirmó que hace un año solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se desista de la investigación para que sea su homóloga federal la que se haga cargo del asunto.

Refirió que su gobierno atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo las que tienen que ver con la reparación del daño y la realización de obras públicas. El mandatario añadió que está dispuesto a ofrecer disculpas a la comunidad de Arantepacua, aunque el suceso ocurrió en la pasada administración.

Por su parte, el titular de la FGE, Adrián López Solís, declaró que se abrió la investigación en 2017 y aún está en proceso; sin embargo, dijo, se envió el oficio a la Fiscalía General de la República para que atrajera el caso.

El 5 de abril de 2017 personal de seguridad del estado y de la Federación intentó recuperar una veintena de autobuses y vehículos repartidores que retuvieron los habitantes del poblado en protesta porque 38 de sus compañeros habían sido arrestados.