La lucha comunitaria por el saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac

Alejandra Méndez Serrano Directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

La Cuenca del Alto Atoyac se ubica entre los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Matlalcuéyetl (Malinche), esto permitió la formación de un gran humedal con una enorme biodiversidad en flora y fauna, y también diversidad de culturas. A partir de los años 60, con el proceso de descentralización industrial, se instalaron grandes industrias en la Cuenca que, con el trascurrir de las décadas y la imposición del neoliberalismo, generaron un trastocamiento socioambiental muy agresivo. Esta región se elige en buena medida porque al encontrarse al centro del país, permite a las industrias el acceso a las principales ciudades de toda la región, la conexión con el norte del país y hacia Estados Unidos, así como al Golfo y el Pacífico, facilitando la entrada de materias primas y la salida de productos. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI (2020), en la Cuenca hay 26,586 industrias.

Históricamente, el discurso hegemónico para favorecer la industrialización es el del progreso, el cual supuestamente traería empleos y salarios suficientes para que una familia cubriera sus necesidades de educación, alimentación, salud y vivienda. A más de medio siglo de este proceso, no se alcanzó el progreso prometido, por el contrario, generó la sobre explotación del agua de la Cuenca, la contaminación de los ríos y con ello la desaparición de especies animales y vegetales. Con la contaminación industrial se provocó también un impacto muy grave en salud de las y los habitantes de las comunidades.

En este contexto, como parte de un proceso comunitario impulsado por la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, en 2002 se constituyó el Centro Fray Julián Garcés, y en 2003 habitantes de diversas comunidades aledañas al río Atoyac formaron la Coordinadora por un Atoyac con Vida. A partir de entonces, en articulación con científicas y científicos de disitintas universidades, hemos impulsado diversos procesos autogestivos, de investigación académica, denuncia e incidencia para que se reconozca que la contaminación industrial tiene efectos negativos directos en la salud y la vida de quienes habitamos la Cuenca del Alto Atoyac y, en consecuencia, tiene también efectos graves sobre la economía de las familias, pues utilizan todos sus recursos económicos para intentar salvar la vida de sus familiares.

En julio de 2011, interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la violación a nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes. Seis años después, en marzo de 2017, la CNDH emitió la recomendación No. 10/2017, de la que comentamos aquí dos elementos.

Primero, el reconocimiento de que “lo que se muestra es un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud…”. Segundo, el que la recomendación estableció que, en un plazo de seis meses, se debería celebrar “un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre CONAGUA, la SEMARNAT, la PROFEPA, la COFEPRIS, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y los municipios colindantes con el Río Atoyac y Xochiac, y sus afluentes… así como con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen; con el objeto de elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac...”.

Sabiendo que las instituciones gubernamentales suelen actuar de manera fragmentada y descoordinada ante los problemas, y en este caso frente a la problemática socioambiental en la Cuenca, las comunidades, en articulación con las científicas y científicos, elaboramos nuestra Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades. En ella planteamos 6 puntos principales, a saber:

El saneamiento de la cuenca
La restauración de los suelos
La prevención de la contaminación futura
La elaboración e implementación de un Plan Emergente de Salud
Garantizar recursos financieros para la ejecución efectiva del Plan
La reparación del daño y la garantía de NO repetición

Hasta la fecha, las autoridades y dependencias señaladas por la recomendación CNDH 10/2017, no han elaborado un Programa Integral para el saneamiento de la Cuenca. Para simular el cumplimiento de la recomendación, autoridades y dependencias firmaron un convenio, y luego redujeron todo a la realización de un Programa de Acciones de Saneamiento (PAS), en el que plantean la acción pública como tradicionalmente se ha hecho, es decir, sin ver la integralidad de la problemática, sin perspectiva de cuenca y ciñéndose a sus programaciones anuales sin alguna coordinación interinstitucional. Así, la acción gubernamental no está centrada en la restauración integral de la Cuenca ni en garantizar los derechos humanos, sino en el mero cumplimiento administrativo de una serie de elementos probatorios de acuerdo a lo que cada institución por separado haya anotado en el PAS.

Ahora, a 6 años de la recomendación de la CNDH, es clara la ineficacia y falta de voluntad gubernamental para darle seguimiento, para garantizar que no se continúen violando nuestros derechos humanos.

Ante esto, es necesario fortalecer la participación articulada de las comunidades con las científicas y científicos comprometidos frente a las problemáticas socioambientales, pues sólo desde esta sinergia se puede continuar sosteniendo las acciones autogestivas, la investigación, denuncia e incidencia ante el gobierno en sus diferentes ámbitos, hasta lograr la garantía de nuestros derechos humanos, particularmente a un medio ambiente sano, al agua y a la salud. Nuestra lucha es por la vida y por el bien común.

¡No hay justicia social sin justicia ambiental! •

Río rojo.CFJG