El largo crepúsculo del Atoyac

Yassir Zárate Méndez Escritor, reportero y documentalista

Cada minuto que pasa, autoridades municipales, estatales y federales violan la Constitución en el caso de la contaminación multifactorial que afecta a la Cuenca del Alto Atoyac.

Cada hora que transcurre, miles de personas asentadas en dicha cuenca, ven vulnerado su derecho a un ambiente sano, lo que impide su desarrollo y bienestar.

Cada día se violenta el derecho de esas personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal; carecen de este bien en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Emparejadas con estas flagrantes violaciones a dichas garantías básicas, los habitantes de municipios como Tepetitla, Ixtacuixtla y Nativitas, en el estado de Tlaxcala, y Texmelucan, Huejotzingo, Puebla y otros más de la entidad poblana, también padecen la violación al derecho humano a la salud.

En el caso de la grave situación que se vive en la Cuenca del Alto Atoyac, hay una evidente, flagrante y cómplice omisión por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno para hacer cumplir los postulados de nuestra Carta Magna y las leyes que de ella se derivan, en este caso, las relacionadas con la protección al medio ambiente, la gestión del agua y el acceso a la salud.

Desde hace al menos cuarenta años, se permite y, peor aún, se alienta y estimula un ecocidio en el caso de la Cuenca del Alto Atoyac.

Como se consignó durante los trabajos del Primer Foro Regional “Diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac”, esta región se ha convertido en un “infierno ambiental”.

La ilógica del poder económico se ha impuesto a las necesidades de la comunidad. La grave crisis ambiental y humanitaria que se ceba en esta región, solo se puede explicar a la luz de las prácticas rapaces del capitalismo salvaje, en contubernio con la corrupción o la complacencia de las autoridades.

Este modelo económico propicia la destrucción de los entornos naturales a través de la explotación intensiva de los recursos; alienta el desarraigo de las comunidades; y estimula el hiperconsumismo egoísta.

Bajo esta óptica, la naturaleza sigue siendo un botín, como se ha pregonado desde la Ilustración. La idea del progreso material ha implicado el avasallamiento y la explotación sin fin.

Quienes formamos parte de la generación nacida en el último cuarto del siglo XX, alcanzamos a escuchar las narraciones de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, en las que referían sus vivencias con un entorno limpio.

Son frecuentes los relatos de personas que se bañaban en las aguas de los ríos Zahuapan y Atoyac, los principales afluentes que cruzan la geografía tlaxcalteca, y que se encuentran fuertemente enraizados en el imaginario colectivo de la población.

Asimismo, ambos ríos están vinculados con la historia, las actividades económicas y la vida cotidiana de las comunidades asentadas en sus inmediaciones.

Esa situación cambió a partir de los años ochenta del siglo pasado, coincidiendo con la implantación en México del neoliberalismo. La rapacidad propiciada por este modelo, consagrado a la obtención de ganancias a cualquier precio, ha modificado los marcos regulatorios para permitir procesos expansivos de una industrialización sin freno, que contamina sin cesar y sin castigo.

Ya sea a través de lobistas, gestores, promotores o de la acción directa de quienes poseen el capital, se han promulgado leyes y normas laxas, permisivas o tolerantes, que castigan poco o nada a quienes contaminan o se adueñan de los recursos, como el agua o la tierra.

En este punto, las autoridades municipales, estatales y federales, incluidas las actuales, se han doblegado ante el discurso del desarrollismo. A cambio de ofrecer empleos, frecuentemente mal pagados, se sacrifica y se destruyen los bienes naturales.

El medio ambiente y las comunidades están pagando una factura muy alta, con daños que parecen irreversibles o que llevarán décadas, o tal vez siglos, para mitigar.

Veamos algunos datos.

De acuerdo con el INEGI, entre 2015 y 2019, al menos 11 mil 343 personas de la Cuenca del Alto Atoyac murieron debido a un tumor maligno. En esta zona, la gente tiene hasta 400 por ciento más de probabilidad de enfermar de cáncer.

Un dato más: hasta 71 por ciento de la población aquí asentada, que ronda los 3.5 millones de personas, presenta un mayor daño genotóxico, con respecto a los habitantes de la Ciudad de México.

También esta región presenta una alta incidencia de leucemia entre menores de edad, de acuerdo con un proyecto de investigación liderado por Juan Carlos Núñez, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El especialista aduce que ninguna región de Hispanoamérica presenta más casos que la del alto Atoyac.

Durante años, numerosos estudios han confirmado una y otra vez la crítica situación que se vive en el Zahuapan y en el Atoyac; y también durante años y años, las diferentes autoridades han negado o minimizado el problema, que ha crecido, sin que se vean visos de mejora en las condiciones de vida de los habitantes, ni de la naturaleza.

El ejemplo acabado de la inacción de las autoridades se encuentra en la respuesta que han dado a la recomendación 10/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 21 de marzo de 2017, en la que se reconoce “la violación a los derechos humanos a un ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información”, respecto a la contaminación del Atoyac y otros afluentes.

A seis años, los gobiernos municipales y estatales involucrados, así como el federal, siguen sin dar una respuesta satisfactoria a las personas vulneradas. Las acciones y programas implementados siguen dándole la espalda a las comunidades y están lejos de resolver la crisis ambiental y humanitaria que trae consigo la contaminación de la cuenca.

El poder económico, en contubernio con los tomadores de decisiones, han frenado cualquier iniciativa para modificar el statu quo.

Estamos lejos de una salida ecocéntrica a esta problemática. •