Recomendación de CNDH podría ser retirada al superar cumplimiento en Tlaxcala, considera la CEAS

David Guerrero Tapia Titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), sostiene que por parte del gobierno de Tlaxcala el cumplimiento anual a la Recomendación 10/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha sido superior a 100 por ciento, incluso abre la posibilidad de que ésta sea retirada.

En entrevista para La Jornada del Campo, recapitula que el 28 de septiembre de 2020 se formalizó el Convenio Marco de Coordinación entre los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, el cual establece objetivos específicos y la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), para emprender labores concentradas en el Programa de Acciones de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac (PAS).

Afirma que la titular del Poder Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, busca incidir de manera directa en los tres municipios recomendados: Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, pero también en los 57 restantes que conforman el estado, para que las acciones “crezcan en beneficio ambiental y ciudadano prácticamente en todo el territorio”.

En cuanto al saneamiento del agua del Atoyac, explica que se ha realizado “un esfuerzo coordinado” entre dependencias federales y estatales, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Asimismo, las Secretarías de Salud (Sesa), del Medio Ambiente del estado (SMA), la de Ordenamiento Territorial y Vivienda, y la de Infraestructura (SI); la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Estas dependencias han generado un diagnóstico y “un gran plan maestro de saneamiento”, en conjunto con la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala (CEAT) y el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (Csitaret), organismos que en este momento atraviesan por un proceso de fusión para crear la CEAS.

Menciona que en 2022 (primer año de la actual administración estatal) la CEAT capacitó a personal en los tres municipios; publicó un libro en línea titulado “El agua es tu bienestar”; convocó a un concurso de dibujo infantil dirigido a alumnos de nivel básico; realizó muestreos de calidad del agua de uso público-urbano y elaboró un inventario de pozos y manantiales.

En tanto, el Csitaret actualizó el inventario de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y sistemas de saneamiento en el estado, el cual arrojó un total de 128 y elaboró fichas técnicas de cada uno de estos.

También -añade-, brinda formación permanente a los municipios en cuanto al aspecto técnico y operativo, a partir de la instalación del Centro de Capacitación Municipal Industrial. La ejecución de estos trabajos entre la CEAT y el Csitaret representó una inversión de más de 10 millones de pesos, en tanto, el presupuesto de 2023 aún no se define.

El funcionario informa que el PAS 2022 consistió en 32 acciones generales y 60 específicas, y un total de 514 actividades emprendidas por los tres municipios y las dependencias estatales y federales, mientras que el programa 2023 tendrá condiciones similares “porque prácticamente son los mismos objetivos y responsables”.

Aunque no los precisa, sostiene que se han alcanzado objetivos fuera de la Recomendación 10/2017 y asegura que anualmente el gobierno informa a la CNDH sobre las acciones ejecutadas en torno a los nueve objetivos particulares establecidos, de los cuales a Tlaxcala le corresponden ocho.

En 2022 -acentúa-, “se cumplió 100 por ciento, incluso lo superamos”. Más aún, considera que “a lo mejor hasta se puede retirar esta Recomendación” al estado, porque el resultado “no solo se refleja en el PAS” sino en forma integral.

Sin embargo, destaca que el Csitaret identificó PTAR abandonadas y vandalizadas que requieren inversiones importantes para su rehabilitación, por lo que además de recursos económicos e infraestructura, “se necesita capacitación técnica y sustento financiero para que existan condiciones adecuadas para convertirlas en algo útil”.

Anota que de los 128 sistemas de tratamiento hay “muchos” con deterioro importante, por lo que son “inoperantes, son ‘elefantes blancos’, se convierten en monumentos a la displicencia, a la corrupción”.

Con este contexto, de manera coordinada con los municipios de Tepetitla, Nativitas –que están en la Recomendación– y Panotla, y con una inversión inicial de cuatro millones de pesos, el gobierno estatal comenzó en enero de este año el rescate de tres de cuatro PTAR que -resalta- operará, adicionalmente a las nueve que tiene a su cargo.

El contrato de comodato establece que estas son plantas municipales y que el gobierno, “en apoyo, entra al tema operativo; hay una aportación subsidiaria por parte del estado y una retención al ayuntamiento en las aportaciones que se dan a través de la Secretaría de Finanzas”.

Asegura que esta medida no exime de obligación a los municipios, porque también deben garantizar la seguridad pública en las instalaciones de las PTAR, y que la responsabilidad de la administración estatal es jurídica, en cuanto a la descarga residual.

Pero aclara que la idea no es atraer la totalidad de esta infraestructura, pues reconoce que está “fuera de la estrategia y de las posibilidades reales”.

Cuantitativamente pudiera parecer que las 13 plantas que operará el gobierno sólo representan10 por ciento del total; “sin embargo, la magnitud de la capacidad de tratamiento supera 50 por ciento de la descarga residual de los municipios a nivel estatal”.

A la pregunta sobre el número de sistemas de saneamiento inoperantes, responde: “Creo es una situación de difícil manejo porque, insisto, no describe de manera correcta la situación, pues da la impresión de que 119 no funcionan al 100 por ciento, sin tomar en cuenta la capacidad de saneamiento con las que tiene a cargo la administración estatal”.

Sin proporcionar resultados, Guerrero reafirma que se realizan muestreos y análisis a la calidad del agua del Atoyac, de pozos de la zona de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla y de influentes de las plantas de tratamiento que no operan, así como de los canales Rojano y San Diego, en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y con el Instituto Tecnológico de Xocoyucan (ITX).

En cuanto a las industrias que vierten residuos en el río, señala que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) ha acercado a la CEAS con empresas “que tienen obligación de cumplir recomendaciones ambientales y las regulaciones de descargas para que la presencia de químicos se reduzca con procesos de saneamiento propios”.

Desde una perspectiva optimista, confía en que las condiciones “al final de esta administración estatal van a ser evidentes”, cuando el gobierno del estado, en coordinación con municipios, cubra 60 por ciento del tratamiento y que, a la par, la industria instale sus sistemas, que las comunidades encuentren una solución independiente y que las viviendas cuenten con mecanismos de biodigestión.

Pero admite que el reto es que el ciudadano y las organizaciones civiles “vean una relación entre el cumplimiento de la Recomendación 10/2017 y la calidad del agua, sin olores, de lo contrario habría una decepción”. •