Miguel Concha Malo. Archivo Enrique Pérez S. / LJC

Mega marcha Campesina.Archivo Enrique Pérez S. / LJC

Alocución en el mitin de la movilización nacional pacífica ¡Salvemos el campo para salvar a México!

Como una voz que proviene de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, en particular de las que desde hace años defienden de manera integral los derechos humanos, la paz, pero con justicia y dignidad, y de las 112 organizaciones civiles y sociales que desde hace meses promueven en todo el país la conformación de una unidad nacional contra el neoliberalismo, mi presencia en esta movilización nacional legítima, legal y pacífica, que manifiesta la enorme vitalidad de los movimientos sociales en México, obedece en primer lugar a expresar que la situación actual del campo mexicano no es únicamente un problema que atañe a la tercera parte de nuestros compatriotas, que directa o indirectamente viven, la mayor parte de ellos sobreviven, de su trabajo en él, y ni siquiera sólo de sus organizaciones y de los sectores de nuestra población que conscientemente se han solidarizado con su problemática, sino de todos y cada uno de nosotros los mexicanos.

Todos y todas de alguna manera somos corresponsables de la situación de injusticia, pobreza, exclusión y abandono en la que se debaten cuatro millones de campesinos y sus familias, sin contar a los doce millones de miembros de nuestros pueblos y comunidades indias, por causa de la aplicación inmisericorde y a rajatabla del desigual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y todos tenemos la obligación de participar en la construcción de nuevas relaciones del Estado y la sociedad con el campo mexicano, dentro de un nuevo proyecto solidario de nación, plural e incluyente, al servicio de todas las personas, sus familias, sus identidades culturales, sus valores y su historia.

Tenemos en efecto una grave deuda social con estos compatriotas, de quienes nos hemos beneficiado grandemente en nuestra historia, no sólo para satisfacer nuestras necesidades más elementales como individuos y como pueblo, sino también para disfrutar muchas de las libertades de las que ahora gozamos, y a quienes en justicia no hemos correspondido como se lo merecían, dejándolos solos en los últimos diez años, como víctimas inermes de un sistema y una política económica diseñada desde afuera, que no tiene ni considera otro valor ni otro propósito que el lucro creciente de unos cuantos y la concentración enorme de la riqueza.

Es nuestra obligación recordar y hacerle presente al Gobierno Federal, que antes que los acuerdos multilaterales de comercio, que por cierto en los Estados Unidos se encuentran siempre por debajo de sus leyes nacionales, y por ello los pueden manipular y cambiar a su antojo en el momento que mejor se les ocurra, para beneficiar únicamente sus intereses corporativos, como lo han hecho con el tratado comercial con México, está nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aprobados por el Estado mexicano frente a nosotros y la comunidad internacional. Recordemos el trato dado en el pasado reciente a nuestros transportistas, e incluso a los productores de cemento.

Hemos de hacerles ver que de conformidad con el párrafo XX del artículo 27 de la Constitución, han jurado promover “las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional”, y que ante los ojos del mundo están obligadas a respetar, proteger y hacer valer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los mexicanos, incluidos desde luego los de nuestros pueblos indios y los campesinos, si de verdad quieren conservar su legitimidad, garantizar la paz y establecer un auténtico Estado democrático de derecho.

No debemos ya permitir que los acuerdos internacionales de comercio se sigan estableciendo y aplicando a espaldas del pueblo, sacrificando sus derechos humanos, entre los cuales se encuentran, de manera fundamental, sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El Gobierno de la República tiene la obligación de abstenerse en todo momento de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de todos nuestros derechos humanos, de protegerlos contra todos aquellos intereses particulares, nacionales e internacionales, que los conculcan sin miramientos, y de hacerlos efectivos inmediatamente, sobre todo en beneficio de las poblaciones y comunidades más vulnerables, por medio del respeto a nuestra Constitución, medidas legislativas justas y congruentes, políticas públicas soberanas y asignación equitativa de recursos.

No debemos permitir que todavía no esté reconocido en nuestra Constitución nuestro derecho fundamental a alimentarnos, y que no exista en México una ley que lo haga valer y una política de Estado que haga justicia a nuestros productores del campo, garantice nuestra soberanía alimentaria, y asegure el acceso y disponibilidad de todos, en especial la de los niños y niñas campesinos e indios, a alimentos nutritivos, incontaminados y de calidad.

Permítaseme con respeto recordar aquí lo que hace dos días declararon los obispos católicos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Episcopado Católico Mexicano: “El comercio que hoy se lleva a cabo con nuestros socios comerciales del Norte del Continente en materia agropecuaria no es justo. Los apoyos que recientemente aprobó el Gobierno de los Estados Unidos (más de 180 mil millones de dólares de subsidio a sus productores en los próximos años), contra los cuales México no puede competir, modifican de raíz los supuestos con los que se firmó el TLCAN hace una década”.

Un tratado por cierto que desde un principio se firmó en condiciones sociales, políticas y jurídicas del todo inequitativas, sin tomar en cuenta, sobre todo en su capítulo agropecuario, las asimetrías entre la infraestructura, el financiamiento y los apoyos a la producción disponibles entre los productores estadunidenses y canadienses, por un lado, y los mexicanos por otro.

Desde siempre los países ricos nos han recetado a los países pobres el mercado libre, mientras ellos lo han manejado en todo momento en función de sus intereses. Mercado libre para nosotros, y proteccionismo cínico y descarado para ellos. Siempre han solucionado sus crisis económicas, buscando en primer lugar cómo esquilman los recursos de los pobres, así sea dejándolos, como ahora, en una condición tan vulnerable, como la de la falta de seguridad alimentaria y de soberanía en esta fundamental materia. El imperialismo del capital, que desde hace tiempo se ha asegurado de nuestros recursos laborales, financieros y de buena parte de nuestros recursos naturales, se ha vuelto en nuestros días el imperialismo que se ceba sobre nuestros alimentos e incluso nuestras reservas de agua, pretendiendo alcanzar nuestras mismas libertades y derechos más fundamentales como personas y como pueblos. En estos mismos días lo vemos pertrechándose en forma desvergonzada contra el pueblo iraquí y los pueblos del Medio Oriente, para hacerse cargo de sus recursos petroleros. ¡No lo permitamos de ninguna manera! ¡México de ningún modo quiere participar en esa guerra, que por ningún lado responde a su seguridad y a sus legítimos intereses!

Exijamos a nuestro gobierno que esté a la altura de las circunstancias, y respete a cabalidad nuestros derechos como seres humanos y mexicanos, antes de que nos exija nuestros deberes y responsabilice a nuestros campesinos e indígenas de todas sus desgracias; exijámosle que no claudique de sus obligaciones sociales como Estado, observe siempre una posición clara contra la guerra en el Medio Oriente, y establezca a largo plazo una relación justa y equitativa con nuestros campesinos, cumpliendo así con la ley. Los esfuerzos por establecer la justicia en México, son los esfuerzos de cientos de millones de seres humanos por establecer la justicia en el mundo.

Exijámosle que revise y renegocie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agropecuario, que en la actualidad únicamente favorece a algunas decenas de miles de nuestros productores, dejando a millones en la exclusión, la pobreza y la miseria. Exijámosle que rectifique y reconozca de manera integral en la Constitución, las leyes, las instituciones y las políticas los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, tal y como fueron firmados en los Acuerdos de San Andrés, y están plasmados en la ley de la COCOPA.

Como también han reconocido los obispos mexicanos, el mercado libre no corrige por sí mismo la injusticia, la exclusión y la pobreza, ni garantiza el respeto de los derechos humanos. Todo lo contrario. Y no puede presumirse en el extranjero de que en México se hace todos los días el esfuerzo por respetarlos, cuando cada día se les conculcan a millones, con las políticas que se aplican en el campo. ¡El campo no aguanta más, actuemos ya desde ahora, antes de que sea demasiado tarde! No nos quedemos simplemente en el lamento y la protesta. Sigamos organizándonos y articulándonos como sociedad en torno a las causas urgentes de nuestra patria que a todos nos unen, como movimientos sociales de distintos sectores, indios, campesinos, obreros, estudiantes, profesionistas, académicos etc., por la soberanía de nuestro pueblo, la democracia, la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos, y formas alternativas soberanas de organización económica y social.

¡Por una nueva política para el campo!

¡Por un nuevo pacto Estado-sociedad urbana-sociedad rural!

¡Renegociemos el Apartado Agropecuario del TLCAN!

¡No al ALCA y al Plan Puebla-Panamá!

¡Viva el Movimiento Social Mexicano Amplio por la justicia, la libertad y la dignidad! •