Un poco de historia
La tribu yaqui en el desierto de Sonora, es uno de los pueblos originarios que soportaron de manera especialmente cruenta la violencia del porfiriato. Durante este periodo sufrieron despojo de tierras, exilio y exterminio de su población. Aunque a lo largo de la Colonia y en los albores de la Independencia, este pueblo ya había protagonizado innumerables rebeliones en defensa de su territorio, además de que supo construir estrategias de resistencia cultural que le permitieron mantener unidad y cohesión frente a las agresiones constantes a su forma de vida.
En la era de los gobiernos posrevolucionarios, el Presidente Lázaro Cárdenas fue el único que buscó hacer justicia al pueblo yaqui mediante un Decreto firmado en 1940, devolviéndole si no todo, al menos la mayor parte de su territorio ancestral arrebatado en distintos momentos de la historia.
Dicho Decreto se ejecutó finalmente hasta 1997, pero de forma incompleta e irregular, además de que Ernesto Zedillo profundizó la herida al expropiar a los yaquis una superficie de 2,668 hectáreas en aquel año. De 1940 a la fecha, los yaquis no han dejado de pelear la devolución de sus tierras. Es por ello que por vía de la acción directa han llegado a recuperar algunas superficies, teniéndolas en posesión y usufructo, más no en propiedad legalmente reconocida por las autoridades agrarias.
Justicia para el pueblo yaqui en la 4T
Esta realidad adversa para el pueblo yaqui o yoeme ha empezado a revertirse en los últimos dos años. El 27 de octubre de 2020, Andrés Manuel López Obrador, publicó el “Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, del estado de Sonora”, cuyo objetivo es analizar, diseñar y proponer un plan de justicia que atienda sus necesidades de tierras, territorio, agua y desarrollo integral. Casi un año después, el 28 de septiembre de 2021, se dio a conocer a la sociedad mexicana el “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui”.
En relación a la tierra, tres de los acuerdos más importantes ente el gobierno de la 4T y el pueblo yaqui que se desprenden del Plan de Justicia, son los siguientes: a) el compromiso de resarcir más de 20 mil hectáreas que no fueron respetadas por el gobierno de Ernesto Zedillo a partir del decreto de 1940; b) incorporar al patrimonio yaqui la superficie de tierras nacionales que la autoridad competente encuentre en las inmediaciones del territorio de la tribu y c) regularizar aproximadamente 8,800 hectáreas que tienen actualmente en posesión.
El pasado 29 de octubre, AMLO se reunió en el pueblo tradicional de Belem con los gobernadores tradicionales de la tribu y ante ellos firmó el Decreto que reestablece la propiedad de casi 30,000 hectáreas de tierra que no le fueron entregados al pueblo hace casi nueve décadas y a las cuales tiene derecho, según establece aquel decreto presidencial de Cárdenas, el cual finalmente no se cumplió a cabalidad por los gobiernos que le sucedieron.
Para poder llegar a este momento que significa el cumplimiento de uno más de los compromisos que estableció el gobierno de la 4T en el Plan de Justicia, se tuvieron que comprar 11 predios pertenecientes a los municipios de Guaymas y Cajeme, cuyo monto global ronda en los 420 millones de pesos. Estos predios, que se encontraban en manos de propietarios privados y con quienes el gobierno tuvo que negociar, están dentro de las poligonales que la tribu reconoce como parte de su territorio tradicional ancestral.
Las autoridades tradicionales yaquis expresaron en Belem que el 29 de octubre de 2022 quedará grabado en la memoria de la tribu como un día histórico, pues representa una acción de justicia revolucionaria que inició Cárdenas y que finalmente se logra concretar en la 4T. Francisco Nocamea Hernández, secretario de la Guardia Tradicional del pueblo de Belem, señaló categórico: “nuestras leyes nos imponen el deber de ser fuertes y firmes frente al agresor por la defensa de nuestros bienes preciados. Por eso mismo, sabemos reconocer cuando alguien camina a nuestro lado y contribuye a nuestros anhelos de paz y de justicia”. También dijo que este acto de justicia constituye un logro por el que luchan desde hace décadas y por el que murieron muchos de sus ancestros, por lo que “la restitución de estas tierras es una ofrenda para honrar su memoria.”
A su vez, el Presidente de México dijo en el acto público, al firmar el decreto, que: “hacer justicia a los pueblos yaquis es un homenaje a todos los que perdieron la vida, los que lucharon en la Revolución por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la soberanía nacional”.
A través de la lucha que durante años ha desplegado el pueblo yaqui para defender y recuperar su territorio, ha logrado preservar para las actuales y las futuras generaciones, sitios sagrados de gran importancia para la cosmovisión y la ritualidad tradicionales, lugares de memoria histórica en donde fueron exterminados sus ancestros durante el porfiriato, zonas de conservación ambiental, así como tierras productivas para la agricultura.
Es cierto que aún falta que se cumplan muchos acuerdos establecidos en el “Plan de Justicia Yaqui” en materia de educación, salud, medio ambiente, agua, patrimonio cultural, pesca y agricultura. Pero en una primera etapa, al menos en lo que respecta al territorio como eje articulador del conjunto de demandas y reivindicaciones de la tribu, se está avanzando en el camino correcto, el camino de la paz con justicia y dignidad. •