"La Jornada del Campo"
Número 181 Suplemento Informativo de La Jornada Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver
Los costos sociales de la minería

Y después de la mina, ¿qué?

Dolores Rojas Fundación Heinrich Böll

¿Por qué hablar del cierre de minas? A partir de 2013, en la Fundación Heinrich Böll nos hicimos las primeras preguntas sobre la minería y los impactos que provocaba en los territorios la posibilidad de un proyecto minero. Hemos visto las discusiones y conflictos de proyectos en su fase de exploración y explotación, pero ¿qué sucede cuando una mina deja de tener actividades? ¿Se detiene solo cuando agota el mineral o puede parar en otros momentos? Estas preguntas nos llevaron a indagar, y revisar qué sucede con la minería, –además de los conflictos– con los lugares que quedan en el abandono. Qué sucedió con los ahora pueblos fantasma de los lugares donde se habla que tuvieron esplendor, donde se construyó la primera cancha de básquetbol en el país, o la de futbol. Se evoca siempre a una vida, un esplendor, un brillo que ya no existe… y que se enuncia como lo normal, como algo que se usa y se abandona una vez que se acabó la productividad. ¿Tiene que ser así? ¿Es esa la única salida a una actividad que se dice de utilidad pública y se impone como única?

Creemos que no, y compartimos esta convicción con la organización Energía, Género y Ambiente, cuya investigadora, Letizia Silva Ontiveros elaboró el informe Y después de la mina ¿qué? hacia una política de cierre de minas, para dejar de normalizar el abandono de minas, ayudar a comprender mejor el problema y brindar elementos básicos para el diseño de una política pública para el adecuado cierre de minas. El tema es relevante para el sector minero y también para el ambiental. Hasta junio del año pasado, 21 entidades tenían al menos la mitad de sus proyectos mineros en fase de postergación. La falta de un proceso de cierre de minas adecuado afecta al medio ambiente, a la sociedad y a las economías locales. También genera pasivos ambientales (activos tóxicos, dicen las comunidades afectadas) que se suman a la incertidumbre por el futuro próximo de los lugares donde se han asentado proyectos mineros.

Es muy común encontrar que quienes se hacen cargo, en alguna medida, de la reparación de daños y el tratamiento de los impactos ambientales son los gobiernos, quienes no han sido capaces de atender la situación generalizada de abandono de sitios mineros en el país.

Hasta ahora, son las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) el único instrumento que obliga a las empresas a explicitar los impactos y las medidas para mitigarlos o remediarlos, sin embargo, su elaboración está totalmente a cargo de las empresas y el cierre puede darse en cualquier fase del ciclo del proyecto minero: prospección, extracción, beneficio y cierre.

Las actividades de prospección implican también hacer perforaciones, retirar vegetación, modificar suelo, y si no resulta conveniente para la empresa, entonces se cierra, pero ¿dónde está ese plan de cierre? Es necesario saber cómo se va a retirar esta actividad aun cuando no se haya realizado ningún tipo de explotación, ni efectuado ninguna limpieza de los minerales (beneficio). Normalmente esto no ocurre. Los trabajos de remediación a lo largo de toda la vida útil de las minas deben ser evaluados por las autoridades.

¿Cuáles deben ser las actividades de cierre? Si el objetivo es rehabilitar el sitio, se requiere, entre otras acciones: estabilización física del tajo; desintoxicación de los montones; restauración biológica del sitio; mantenimiento del sitio una vez terminada la operación; así como control y seguimiento de la mina abandonada… este listado de acciones está tomado de la MIA de una empresa minera, porque en ninguna normatividad en México existe una definición que esté normada, que esté regulada, que diga qué significa un cierre de minas o cómo regularlo, cómo se vigila o se da seguimiento a este proceso que va a terminar una actividad minera.

Es necesario que haya una apropiación del proceso de cierre, para evitar que proliferen los pueblos fantasmas y para:

  • Clarificar y rendir cuentas sobre los proyectos mineros en término: aspectos geológicos, técnicas de suelos, estabilización de terrenos, remediación química-física-biótica.
  • Incentivar la participación directa e indirecta de la población afectada e interesada en la toma de decisiones para rehabilitar, mitigar o dar seguimiento de reparación de daños.
  • Retornar lo más posible a las condiciones ambientales y ecológicas previas a la instalación de la minera.
  • Minimizar efectos negativos y evaluar cómo compensar los daños permanentes e irreversibles, así como dar seguimiento a las condicionantes de los resolutivos ambientales que han sido modificados a lo largo del tiempo.
  • Revisar continuamente la implementación del plan de cierre que se ha determinado, para modificarlo según sea necesario y pertinente. Esto permitiría ofrecer mejoras que fortalezcan el sentido de apropiación del territorio, con la finalidad de que la población local pueda ejercer su poder de decidir qué sucede con su territorio.
  • Involucrarse en el proceso de cierre, dependiendo del tipo que se tiene que hacer, cómo se procede y ante qué actores se realizará el trámite y los procedimientos, así como las actuaciones más adecuadas para ello.

¿Qué haremos para impulsar que la industria minera asuma responsabilidades que por tanto tiempo ha evadido? Sin duda es necesaria una revisión de la regulación, y esta debe ser integral y reconocer que las deficiencias legislativas han convertido a esta actividad en una de las principales causantes de emergencias ambientales y sociales en este país. •

El tajo a cielo abierto en Cerro de San Pedro, Minera San Xavier, es un ejemplo claro de la necesidad de una política de conclusión de los proyectos mineros.  Enrique Abe / CCMSSEl tajo a cielo abierto en Cerro de San Pedro, Minera San Xavier, es un ejemplo claro de la necesidad de una política de conclusión de los proyectos mineros. Enrique Abe / CCMSS