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Comerciantes de Benito Juárez denuncian corrupción
 
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 31

En una reunión con diputados del Congreso de la Ciudad de México, comerciantes de vía pública de la alcaldía Benito Juárez señalaron presuntos actos de corrupción cometidos por parte de funcionarios de la demarcación.

Alrededor de 100 vendedores callejeros se manifestaron ayer a las afueras del recinto legislativo de Donceles, por lo que integrantes del grupo parlamentario de Morena los atendieron para escuchar sus exigencias.

Los trabajadores informales acusaron particularmente a Alejandro Vázquez Pérez, jefe de Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública, por haber cometido actos de abuso de autoridad, agresiones y extorsionarlos con 20 mil pesos para dejarlos trabajar.

Pidieron que se instalen mesas de trabajo resolutivas con los responsables de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, donde también se ha denunciado la existencia de una presunta red de corrupción y amedrentamiento en contra de los comerciantes.

Al encuentro asistieron las diputadas Martha Ávila, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, y la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, Marcela Fuente, así como la vicepresidenta, Xóchitl Bravo.

Por otra parte, habitantes del pueblo de Xoco solicitaron una vez más al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, que responda por escrito a la inconformidad que presentaron respecto del procedimiento de publicitación vecinal del proyecto de demolición y/o construcción de Centro Coyoacán, porque hasta el momento no han sido consultados sobre el caso.

En el tercer oficio entregado en igual número de semanas, los pobladores advirtieron que hay inconsistencias en el procedimiento, por lo que solicitaron a través del presidente de la Asamblea del Pueblo de Xoco, Álvaro Antonio Rosales Gaddar, que se niegue la constancia de publicitación vecinal –que no cumplió con los días requeridos para ser expuesta–, y en consecuencia que no se autorice ni se permita la demolición del inmueble para que se haga una nueva obra en donde se ubicaba el centro comercial.