Cortesía RANDe adjudicaciones, enajenaciones y posesiones
El agro, ese ente inexistente, metafísico para la clase urbana y la política mexicana. Gobiernos van, gobiernos vienen y lo que no deja de proliferar es una verborrea incesante en relación a la profunda preocupación por la situación de los campesinos en México, desgarrarse las vestiduras, hacer buches de agua bendita y afirmar encolerizados que ahora si se resolverá la situación en el campo, recompensando a la población rural por todos los sacrificios que han hecho a favor de la patria.
Nada más lejos de la realidad.
Lo que pasa actualmente, es que se ha expulsado a la población rural de sus centros de origen porque simple y llanamente no se pueden agenciar medios de vida dignos viviendo del campo, el sector agrícola que se encuentra en un abandono terrible, lo que da cuenta de los mas de 10 millones de campesinos que han emigrado al otro lado en busca de mejores condiciones de vida y poder apoyar a sus familias. Lamentable es que las remesas de migrantes ascendieron a un máximo de 51 mil millones de dólares, cifra superior a la captación de divisas por turismo y exportaciones petroleras. Ésto se da en un marco de integración comercial con Estados Unidos, de tratados comerciales perfeccionados y declaraciones de toda índole en cuanto al gran esquema de cooperación entre ambos países.
El campo mexicano sigue siendo una suerte del patito feo de la economía, los recursos destinados al extensionismo agrícola para mejorar la productividad campesina han quedado en buenos propósitos, como tantos otros enunciados en el discurso oficial.
La actual administración desde luego que no escapa de seguir aplicando las mismas políticas nefastas para el campo mexicano, y esto puede verse con nitidez en relación con algunas consideraciones de tipo presupuestal, traducido en el recorte a ultranza de recursos, no solamente a los programas que incentivan directamente la producción, sino en temas administrativos elementales que no son atendidos, causando múltiples problemas.
En el caso de la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), tiene la competencia de adjudicar terrenos propiedad de la Nación a solicitantes de tierra, para lo cual se sigue un procedimiento que lo señala la Ley y un reglamento respectivo sobre propiedad rural.
Pero ¿Cuál es la situación sobre este particular?
Resulta que al inicio de la presente administración, se tenían registrados 31 mil expedientes relacionados con la solicitud de adjudicación de terrenos y se estima que anualmente se reciben aproximadamente 1500 nuevas solicitudes, pero desafortunadamente a la mitad del sexenio solamente se habían adjudicado 3 predios, lo que resulta una cifra irrisoria y sólo da cuenta de la ineficacia y abandono que existe en ese renglón. Habría que agregar que 2 de esos 3 terrenos adjudicados, fueron a petición de entes gubernamentales. En resumen, es de nula utilidad la acción de la SEDATU en esta materia.
La anterior situación, limita y dificulta sensiblemente que los solicitantes de adjudicación, que en la mayoría de las ocasiones son posesionarios de esos terrenos, puedan beneficiarse de los programas oficiales, ya que les exigen tener sus papeles en regla, esto es, títulos de posesión.
Podría aducirse que no se han adjudicado terrenos por la insolvencia económica de los demandantes, pero en este caso, la Ley de la materia contempla el esquema de subasta pública para encausar las solicitudes. Pues a mediados del sexenio, no se ha celebrado una sola subasta.
Todo esto se ve agravado por las condiciones ínfimas en que laboran cerca de 200 profesionistas en la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad Rural, quienes en un 98% de los casos lo hacen como prestadores de servicios profesionales, a pesar de que la relación de trabajo, de acuerdo a las exigencias que se les imponen de subordinación y dependencia, lugar de trabajo, reportes, etcétera, configuran abiertamente una relación laboral con las obligaciones que se estipulan para el trabajador y los derechos correspondientes. Ocurre lo primero, no lo segundo, de tal suerte que los trabajadores no cuentan con prestación alguna y son despedidos con la mano en la cintura, de la misma forma que se hace en una gran cantidad de dependencias federales, estatales, municipales y autónomas.
Cortesía RANA todo lo anterior, sumémosle la política de austeridad en el sector público que se traduce en austericidio, siendo que en esa Dirección se ha reducido la plantilla laboral en casi un 90%, la severa limitación para la obtención de los viáticos necesarios para realizar su trabajo, que a veces llega a extremos ridículos de no disponer de papel para emitir documentos, la falta de equipos técnicos adcuados para realizar las funciones técnicas y un largo etcétera.
Esto que aquí se señala, es un fiel reflejo de lo que pasa en la administración pública actual, y particularmente del abandono y olvido en que se tiene al campo mexicano. La situación no ha cambiado y tal vez tendrá que volver a levantarse el espíritu de Zapata para que la justicia se haga realidad, pero no con esta transformación cosmética que tanto se presume. •