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Rechaza Bélgica petición de Ecuador para entregar al ex mandatario Correa
 
Periódico La Jornada
Sábado 7 de mayo de 2022, p. 19

Quito. La justicia de Bélgica rechazó la petición de las autoridades judiciales de Ecuador de extraditar al ex mandatario Rafael Correa, condenado en su país a ocho años de cárcel por corrupción, pero bajo refugio de Bruselas, anunció ayer su defensa.

Bélgica otorgó a Correa la condición de refugiado al reconocer que los procesos penales abiertos contra el ex mandatario fueron manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo, explicó el despacho de abogados Jus Cogens en un comunicado.

El asilo político ya parecía ser un obstáculo mayor para los intentos de las autoridades ecuatorianas de conseguir la extradición, pero según los abogados del ex presidente la justicia belga enterró toda posibilidad.

El Ministerio de Justicia belga confirma ahora (...) que no dará seguimiento a la solicitud de extradición de Ecuador y “que Bélgica también se negará a cooperar con la ‘justicia ecuatoriana’ en el marco de procesos políticos”, añadió en la nota, tuiteada por Correa. El texto no menciona ninguna comunicación oficial belga.

Correa, que reside en Bélgica desde 2017, recibió la condición de refugiado el 15 de abril, según una copia del certificado expedido por el Comisariado General de Refugiados y Apátridas, al que la agencia Afp tuvo acceso.

Pero la medida se conoció una semana después, el 22 de abril, el mismo día que las autoridades ecuatorianas solicitaron la extradición del ex mandatario socialista, que gobernó entre 2007 y 2017.

La Fiscalía de Ecuador notificó a 93 legisladores de la Asamblea Nacional, de un total de 137, del inicio de una indagación previa con el fin de crear una comisión para evaluar la gestión de su presidenta, Guadalupe Llori, confirmó el procurador judicial del Legislativo, Santiago Salazar.

La notificación se da en medio de una confrontación política entre los legisladores y su presidenta. El 26 de abril pasado, Llori ingresó una denuncia en la fiscalía contra 81 asambleístas por el supuesto delito de incumplimiento de autoridad competente.