Lo que nos ha dejado la industria eólica

Parcelas (en rojo) que no reciben pago del Proyecto Eurus, por usufucto para generación de energía eólica.

La Venta es una población de origen zapoteca, perteneciente al municipio de Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. La propiedad de la tierra está dentro del régimen ejidal.

Mediante este escrito queremos dar a conocer la problemática que enfrentamos un grupo de campesinos de nuestro ejido, que, a lo largo de 16 años, hemos venido luchando a fin de alcanzar un acuerdo con una empresa española, que tiene negocios en 65 países y que puso un parque eólico en nuestro territorio. Nos referimos a la empresa ACCIONA, que se niega a pagar el usufructo de nuestras tierras para la generación de energía eléctrica, como la reciben los demás propietarios de parcelas que colindan con las nuestras, a pesar de que tenemos las mismas condiciones de afectación y ubicación en el parque eólico antes mencionado.

El origen de esta problemática se remonta al 2006, cuando llegó a nuestro ejido la empresa “Maderas y Granos de La Laguna”. Esa empresa empezó a hablar de una asociación con las comunidades campesinas, sin que dijera con claridad de qué se trataba. Difundió información parcial, ambigua, sin decir con claridad que pretendía meter aerogeneradores en nuestras tierras; tampoco dijo cuántos pretendía instalar ni de qué capacidad. Únicamente nos decía a los ejidatarios que quería alquilar nuestras tierras. Posteriormente nos enteramos de que se trataba de la instalación de un parque eólico por parte de la empresa ACCIONA.

Paisajes éolicos de la empresa ACCIONA.

La empresa inició con la contratación 2,600 hectáreas en el ejido para la construcción de su parque eólico llamado Eurus, en el cual invirtió 550 millones de pesos, con una capacidad de 250.5 mw, iniciando su operación en 2009. Actualmente cuenta con 167 aerogeneradores, que producen energía eléctrica no para el consumo doméstico, sino para cubrir el 25% de las necesidades energéticas de las plantas cementeras de la empresa CEMEX.

Como es sabido, este tipo de proyectos se han ejecutado en nuestra región del Istmo de Tehuantepec debido a las características de los terrenos y a los constantes vientos que predominan en ella.

En aquellos años no contábamos con asesoría jurídica para la firma de un contrato de usufructo parcelario. A simple vista, apreciábamos que las clausulas estaban a favor de la empresa. Por ejemplo, su vigencia era de 30 años a partir de la operación del parque, sin contemplar revisiones periódicas por ambas partes. Tampoco establecía una fianza o garantía en caso de incumplimiento del contrato o por impacto ambiental, pagos por afectaciones a las parcelas o por construcción de caminos.

Recuperar nuestra soberanía energética.

El pago ofrecido por la empresa al ejido representaba apenas el 1 % de la producción y venta de energía eléctrica, muy por debajo del 6% que tienen que dar en otros países, donde generan el mismo tipo de energía. Era muy claro que la empresa buscaba de forma abusiva, sacar las máximas ganancias posibles a costa de un pago irrisorio para nosotros.

Ante este escenario adverso, un grupo de ejidatarios con parcelas que se encuentran dentro del polígono del parque eólico, por la desinformación que generó la empresa y por no convenir a nuestros intereses, nos abstuvimos de firmar el contrato bajo esas condiciones, exigiendo en todo caso, mejores contraprestaciones económicas.

Ante la resistencia que iniciamos, la empresa ofreció un incremento del 50%. Es decir, su oferta consistió en dar un pago de 6 mil pesos anuales por hectárea en las parcelas ubicadas dentro del parque eólico, correspondiente a lo que llamamos “derecho de paso de viento”. Además, ofreció pagar diez pesos anuales por metro cuadrado, correspondiente a la afectación por construcción de caminos. Y finalmente ofreció pagar quince pesos anuales correspondientes a la afectación por la base y plataforma de los aerogeneradores.

Debido a la corrupción que imperaba en nuestro país en aquellos años, la citada empresa, en complicidad con la Procuraduría Agraria, se concentró en convencer a la mayoría de los campesinos. Nunca tuvimos asesoría legal por parte de alguna institución de gobierno. El visitador de la procuraduría agraria que condujo todo el proceso, y que debiera haber defendido a los campesinos, se puso de lado de la empresa y de hecho actualmente trabaja para ella. Ese fue su premio por convencer a los ejidatarios. ACCIONA se infiltró en la vida del ejido al grado que, con apoyo de la Procuraduría Agraria, manipuló asambleas de ejidatarios con elecciones fraudulentas para destituir a la autoridad ejidal, imponiendo un comisariado ilegítimo. Cuando protestamos, fuimos reprimidos y encarcelados por la policía estatal y federal.

Finalmente, ACCIONA hizo acuerdos con los dueños de las parcelas que sí aceptaron y no con los que estábamos en resistencia. El problema es que, aunque un grupo no firmamos, nuestras parcelas, que suman 202 hectáreas, están resultando afectadas, pues nos dejaron encerrados entre aerogeneradores, sin posibilidad de usufructuar el viento, porque ya tienen la sombra eólica de los aerogeneradores de la empresa.

Resulta ofensivo para nosotros como campesinos que esta empresa, que tuvo ingresos durante 2020 por 6, 472 mil millones de euros, diga que el parque eólico que está en nuestras tierras, desde el punto de vista social y ambiental cuenta con una “positiva interacción con el entorno”. De hecho, en 2015, este proyecto eólico ganó un premio del Banco Interamericano de Desarrollo en la categoría Impacto en Población y Liderazgo, con lo que le reconoció sus supuestas prácticas destacadas en desarrollo sustentable. Ese premio representa una burla para nosotros los ejidatarios.

De hecho, de acuerdo a un informe del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), ACCIONA, junto con otras empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Renovalia y EDF, implicadas en el desarrollo del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec (el más grande de América Latina), están provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena, pues no han garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, según este informe, estas empresas han empleado medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de las comunidades, han generado falsas promesas y han engañado a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras.

Así como pasa en muchos otros ejidos de la región, ante el poder de las empresas eólicas transnacionales, hemos sido discriminados, despojados de nuestros derechos, de nuestra tierra, al utilizar nuestras parcelas para generar energía eléctrica, sin recibir un pago a cambio.

Además del no pago correspondiente al usufructo que hace ACCIONA de nuestras tierras ejidales, los impactos económicos, sociales, culturales, ambientales y en la salud de los habitantes de La Venta son cada vez más evidentes a lo largo de los14 años que lleva el parque eólico.

Supuestamente producen energía limpia, pero empresas como ACCIONA no dicen que sus aerogeneradores derraman aceite sintético, solvente y pintura sobre nuestras tierras y en nuestros pozos de agua, que las aspas destrozan a las aves residentes y migratorias que pasan por nuestro territorio, que han cambiado las corrientes del viento, lo cual afecta a la vida silvestre, que nuestro paisaje natural ha cambiado y se ha hecho feo, que se genera un ruido que produce contaminación auditiva y afectaciones en la salud de las personas, pues también genera estrés y altera la calidad del sueño. Además de ello, a raíz de que llegó esta empresa, cambió el uso de suelo, la comunidad está muy dividida y se han generado conflictos internos que antes no existían. De todo esto tenemos evidencias, pues aquí vivimos y somos los directamente afectados.

Hoy sabemos que esta empresa ha violado el derecho a la consulta, a un medio ambiente sano, a la información y que ha roto el tejido social comunitario en nuestro ejido La Venta.

Es por todo lo anterior que nos permitimos solicitar de la manera más atenta, la intervención, del gobierno federal, estatal, de los diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas, para evitar que continúe el despojo de nuestras tierras y la violación de nuestros derechos. Es el momento de que en la Reforma Eléctrica que se está discutiendo y que esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, seamos considerados como comunidades indígenas y campesinas y se repare el daño que nos han causado estos proyectos eólicos. •