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Promueven padres de la Guardería ABC nuevo recurso ante la Suprema Corte

Denuncian que no se han cumplido fallos a su favor y demandan una disculpa pública

 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de diciembre de 2021, p. 8

A más de 12 años del incendio de la Guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron heridos, los padres de las víctimas siguen buscando justicia, por lo que ahora promovieron un incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde denuncian que no se han cumplido los fallos dictados a su favor y exigen una disculpa pública de los responsables, así como la revisión de sus indemnizaciones.

El expediente ya está siendo analizado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, con el número de registro 35/2021, demandando reparación integral del daño.

El siniestro, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, sacó a la luz irregularidades en el sistema de subrogación del servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde intervinieron funcionarios y familiares del entonces presidente Felipe Calderón.

Aunque las responsabilidades penales del caso sólo han sido deslindadas para 21 funcionarios menores, principalmente municipales y estatales, ni siquiera esas sentencias han sido cumplidas a cabalidad.

Por ello, como primer punto, demandan que, como una medida de satisfacción, el Estado, los autores y personas involucradas en la tragedia realicen un acto en el que reconozcan los hechos, acepten responsabilidades y se disculpen públicamente, lo cual debe ser en el plazo máximo de un año en una ceremonia pública y que se difunda a través de los medios de comunicación.

También exigen que el monto de las indemnizaciones incluya el lucro cesante, es decir, que se cubra el daño en el patrimonio por la pérdida de oportunidades que sufrió cada una de las víctimas indirectas.

Como estas indemnizaciones han sido limitadas en varios casos, al seguir parámetros de convencionalidad, se pide a la SCJN que éstas se fijen sin considerar algún precedente nacional o internacional, y atendiendo a criterios de equidad y razonabilidad.

Se espera que este caso sea resuelto en los primeros meses del año próximo.