La disputa por la tierra en el periodo neoliberal

La disputa por la tierra es un eje central de la historia de nuestro país y de la identidad misma de las y los mexicanos; tiene que ver con la situación derivada de las guerras y los saqueos que acompañaron a la conquista y la colonia españolas, así como con que el control sobre los bienes y recursos naturales es un tema central de toda doctrina económica. En el medio rural mexicano, desde 1982 los poderes político y económico imperantes, en los hechos y en las leyes, priorizaron a los grupos empresariales privados, tanto nacionales como extranjeros por encima del campesinado.

La modificación a la legislación agraria ocurrida entre 1989 y 1993 se concibió como un medio para abandonar el espíritu social y nacional que caracterizó al constituyente de Querétaro en 1917, específicamente en lo establecido en el artículo 27 y las leyes secundarias derivadas de él. Los “nuevos liberales”, necesitaban un marco jurídico que protegiera los “intereses especiales” de la inversión privada, haciendo a un lado el peso relativo de las comunidades, los ejidos y las cooperativas, así como de todo compromiso del Estado para cobijar e impulsar el llamado “sector social” de la economía.

Tan es así, que en la exposición de motivos del Programa Nacional para la Modernización del Campo (PRONAMOCA), Luis Téllez expone en 1989 abiertamente que -desde su perspectiva- los principales estorbos para el desarrollo “moderno” de la actividad agropecuaria en México eran el minifundio y el exceso de población rural. Con miras a desplazar al campesinado vinculado a ejidos, comunidades y cooperativas, percibidos simplemente como conjuntos de minifundios, plantea también romper con la idea de los proyectos socioeconómicos y concebir la acción e inversión pública en dos esferas radicalmente diferentes: actividades estrictamente económicas con “gente de negocios” y “apoyos sociales” vistos como paliativos a fondo perdido para mantener tranquila a la gente mientras el proceso de modernización los ubica en algún otro espacio. Y es con esa óptica que se diseña el programa apoyo directo para las y los productores, llamado PROCAMPO.

Al comparar los textos anterior y actual del citado artículo 27 constitucional (modificado en 1992), llama la atención que se derogaron muchísimos incisos relacionados con el carácter nacional y el usufructo social para el aprovechamiento de los recursos nacionales. Esta línea se apunta en forma general en la versión actual, con algunos cambios en la redacción y, sobre todo, con los preceptos derogados. Y es en la legislación secundaria, donde el proyecto privatizador (y trasnacional) se vuelve evidente: específicamente con la derogación de la Ley General de Crédito Rural y con el énfasis individualizador expresado en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) expidiendo los “plenos derechos” sobre la tenencia de la tierra en los ejidos y comunidades a los campesinos en lo personal, que buscó y en gran medida consiguió propiciar la venta de tierras, aguas y bosques a las empresas privadas que necesitaran concentrar el control de dichos recursos.

Complementariamente han hecho la lucha por “borrar” la ruralidad de gran parte de la población. Un aspecto clave, es el hecho de que el conocimiento ancestral difícilmente es reconocido como válido para fines comerciales en el ámbito de la producción agropecuaria, forestal y pesquera; de igual forma que las enseñanzas de padres, madres, abuelos y abuelas no son reconocidas por el sistema educativo. En esta perspectiva, no parece casual que la gente que habita en poblados ejidales o comunales con 2,500 habitantes o más (que son muchísimos en el medio rural de nuestro país), son registrados como “población urbana” por el INEGI.

Aun así, gran parte de la tierra y el acceso a las aguas del país siguen perteneciendo legítimamente a comunidades y ejidos, situación a la que los corporativos empresariales y los políticos neoliberales a su servicio pugnan por ponerle fin por todos los medios a su alcance.

Esta pugna no es nueva, ya que hereda y reproduce las contradicciones inherentes a la conquista y colonia española. Tenemos presente que el siglo XIX, los grupos criollo-mestizo dominantes (tanto conservadores como liberales, aunque cada uno a su manera) se propusieron explícitamente encauzar a México hacia un desarrollo capitalista “moderno”. En este contexto, Lerdo de Tejada propuso leyes para privilegiar la propiedad privada y la libre circulación en el mercado de los recursos naturales, decretando que cualquier propiedad inmobiliaria en manos de una persona moral cuya duración fuera de 100 años o más, está en “manos muertas” y debe ser privatizada con el fin de poderse comprar y vender en forma legal. En un principio, esto afectó a las propiedades en manos de la Iglesia, desatando la guerra de reforma y la intervención francesa; pero después, durante el porfiriato y por medio de las “compañías deslindadoras”, este mismo precepto fue la base para el despojo de tierras a pueblos y comunidades en favor de haciendas agropecuarias, mineras, etcétera.

El malestar provocado por los despojos impulsó a muchos mexicanos a sumarse a las fuerzas revolucionarias a partir de 1910, entre los cuales destacó el Gral. Emiliano Zapata enarbolando el Plan de Ayala. Finalmente, resultó necesario que el gobierno asumiera la responsabilidad de ejecutar la restitución y el reparto de tierras, aguas y bosques –concebidas como patrimonio nacional-- a comunidades y ejidos, es decir agrupaciones sociales de población rural. En este proceso, destacan la redacción del artículo 27 en laConstitución de 1917 y los repartos ejecutados en los años treinta por el gobierno de Lázaro Cárdenas, mismos que –como política de Estado-- fueron acompañados de una cobertura institucional de apoyo al desarrollo de las actividades económicas en manos del campesinado. Posteriormente y hasta inicios de los años ochenta, alternaron entre sí decisiones y medidas agraristas y privatizantes en el marco de una pesada inercia burocrática.

Es después de la elección intermedia de 1991, cuando con el impacto del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) Salinas de Gortari se siente con el respaldo social necesario para impulsar una reforma legislativa que “deje atrás” los preceptos del constituyente de 1917 y las estructuras de apoyo al sector social de la economía construidas desde el cardenismo. Desaparecen así la Ley General de Crédito Rural y, con ella, la función como banca de desarrollo del Banrural al sujetarlo a las mismas reglas que la banca comercial. En respuesta, el movimiento campesino logró articular esfuerzos para que se diseñara y promulgara la Ley General de Desarrollo Sustentable, misma que se logró institucionalizar y operativizar en sus aspectos formales, como el diálogo con y el apoyo a las dirigencias campesinas nacionales, pero siempre a la sombra del modelo “modernizador” dominante. Diez años después, se “limpia la cartera morosa” del Banrural y se instituye en su lugar la Financiera Rural, hoy FND.

A tres décadas de la contrarreforma salinista, y en el marco de la búsqueda de un camino alternativo al modelo neoliberal para México, tal vez resulta necesario al menos:

Reforzar el principio de que el conjunto de los recursos naturales (incluyendo tierras y aguas) son propiedad de la nación, y que las demás formas de propiedad son derivaciones.
Restituir en nuevos términos varios de los incisos derogados por el salinismo, que obliguen y faculten al Estado para impulsar y respaldar el desarrollo económico de las actividades económicas de los ejidos, las comunidades y las cooperativas.

Mandatar la restitución a los ejidos y las comunidades de las tierras y aguas de las que fueron despojadas durante el periodo neoliberal; por ejemplo, las concesiones para la minería a cielo abierto, el fracking o los consorcios de “gran turismo” en la Riviera Maya, por mencionar algunos casos clave. •