Víctimas de tortura sicológica para obligarlos a convertirse en testigos colaboradores en la integración de los llamados Expedientes X durante el gobierno del panista Javier Corral Jurado, en el estado de Chihuahua, solicitaron la intervención del Gran Comisionado de Naciones Unidas en México para que les otorguen medidas cautelares urgentes, al considerar que están en riesgo grave de perder en forma ilegal la libertad o incluso la vida.

En un documento del cual tiene copia La Jornada, seis ex funcionarios del gobierno local narraron al organismo internacional los actos de que fueron objeto, y solicitaron su intervención para que se abra una investigación de lo sucedido y con base en protocolos internacionales se sancione en México a todos los involucrados en los actos de tortura.

Solicitan la intervención de los representantes internacionales por estar temerosos de “ser agredidos no sólo sicológica sino físicamente por parte del aparato gubernamental y político del estado de Chihuahua, en específico de los tentáculos de la corrupción del ex gobernador Javier Corral Jurado y el ex fiscal del estado César Augusto Peniche Esquivel, al igual que los agentes del Ministerio Público del fuero común quienes eran los que integraban durante esa etapa los llamados Expedientes X y que siguen laborando en la nueva administración estatal”.

En el texto entregado ante la representación de la ONU en México el pasado 13 de octubre, se señala que algunos de los agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de decenas de carpetas de investigación en las cuales fueron obligados a rendir testimonios e imputaciones en contra de ex funcionarios, empresarios y prestadores de servicios, aun cuando no les constaran actos de corrupción que presuntamente se cometieron durante el gobierno de César Duarte Jáquez. Entre las personas mencionadas se encuentran Francisco González Arredondo, Claudia Chávez Apodaca, Beatriz Aréchiga Bermúdez, Martha Payares, Sandra Cecilia Delgado Ordaz, alguien de apellidos Chávez Coss, Laura Renata Muñoz Bojórquez, Uriel Chacón, Ernesto Chavarría Peña y otra persona más de apellido Flores.

Se debe recordar que La Jornada publicó el testimonio de cinco ex funcionarios, empresarios y prestadores de servicios que denunciaron haber sido sometidos a actos de tortura sicológica en las instalaciones de lo que hasta 2016 funcionó como la casa de Gobierno del Estado de Chihuahua, debido a que tuvieron relación con el régimen de César Duarte Jáquez, éste último, acusado de actos de corrupción por el gobierno de Javier Corral y quien se encuentra sujeto a proceso de extradición a México, luego de ser detenido en Estados Unidos, en julio de 2020.

En ese contexto, explicaron algunos de los solicitantes de medidas cautelares, buscan que las autoridades locales inicien acciones de investigación y se determinen las responsabilidades en que pudieron haber incurrido las autoridades que los obligaron a realizar testimonios mediante actos de tortura y que los documentos se hubieran incorporado a procesos penales, aunque fueron obtenidos irregularmente.