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Castillo impugnará ley que limita al Ejecutivo en Perú
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2021, p. 31

Lima. En un nuevo enfrentamiento entre el presidente peruano, Pedro Castillo, y el Congreso, dominado por la oposición, la premier Mirtha Vásquez anunció ayer que el gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la cuestión de confianza y limita la capacidad del Ejecutivo para disolver el Legislativo.

El Consejo de Ministros planteará una demanda ante el Tribunal Constitucional para velar por el equilibrio de poderes y por la conservación del estado de derecho, añadió Vásquez.

Cuestionó que la oposición modificó la Constitución por medio de una ley ordinaria, aprobada el martes, y subrayó que cualquier reforma debe contar con el aval de dos legislaturas consecutivas, o bien una y ser ratificada mediante referendo.

El Congreso aún puede destituir al presidente por incapacidad moral, una definición muy amplia que ha causado la salida o dimisión de tres presidentes en los últimos tres años y medio, y sobre la cual el gobierno presentó antier una reforma para eliminar dicha opción al tratarse de un mecanismo que depende de la subjetividad del Congreso.

En otro frente para Castillo, más de 50 jefes indígenas de la Amazonia protestaron por el intento del gobierno de dar por concluido un préstamo internacional para otorgar títulos de propiedad y frenar el avance de actividades ilegales que han provocado asesinatos de líderes originarios.

En 2009, el Banco Interamericano de Desarrillo (BID) aprobó un préstamo a Perú por 40 millones de dólares para la titulación de 403 comunidades de la Amazonia, pero hasta ahora sólo se logró otorgar escrituras a seis comunidades.

Los indígenas aseguran que en reciente reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura se les informó que el proyecto financiado por el BID se iba a liquidar porque se haría únicamente con dinero público.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó que desde 2013 unos 17 defensores de bosques han sido asesinados por bandas ligadas al narcotráfico y la tala ilegal. La violencia se incrementó durante la pandemia y entre 2020 y 2021 se han cometido nueve asesinatos.